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Católicos y protestantes, no tan distintos

En el peso de un estado demasiado providente, el trato fiscal favorable hacia las confesiones religiosas y los niveles de delincuencia de la sociedad, católicos y protestantes andamos de la mano.

Pablo Molina
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A la hora de analizar los procesos sociales que se dan en distintos países, cabe orientar el estudio hacia la relevancia que las religiones predominantes en cada uno de ellos puedan tener como elemento distintivo. Explorar comparativamente las interrelaciones sociales desde una perspectiva teológica es un enfoque novedoso, pero aprovechando el debate abierto gracias a la anterior serie de artículos de César Vidal ("Las Razones de una diferencia"), quizás no resulte ocioso aportar un punto de vista añadido que sirva de acotación a algunas cuestiones a mi juicio muy sustantivas.

César Vidal describe con acierto los principales males que lastran a la sociedad española en su despegue hacia mayores cotas de libertad y progreso, y en esa serie de artículos detalló algunas de las lacras típicas de la sociedad española que, desde mi punto de vista, resultan incontestables. Ahora bien, lo que cabe dilucidar es si España es una excepción por su carácter católico o si por el contrario comparte con los países nórdicos y atlánticos esas mismas características que constituyen una rémora para convertirnos en una sociedad avanzada, libre y próspera.

A continuación me detendré a estudiar con datos oficiales solamente tres de las muchas aportaciones que César Vidal ha expuesto en sus artículos de Libertad Digital, por considerarlas de la máxima relevancia para determinar esa posible "excepción social" que se atribuye a los españoles a causa de nuestro catolicismo. Se trata de ver cuál es el papel mayor o menor del Estado como sostén de las clases ociosas, el tratamiento impositivo que las entidades religiosas tienen en países de mayoría protestante o católica y, finalmente, el respeto que los ciudadanos de esos países tienen de forma natural hacia la propiedad privada de los demás.

César Vidal sostiene, y desde mi punto de vista de manera irrefutable, que la sociedad española adolece de falta de espíritu emprendedor y que una gran parte de esa misma sociedad prefiere medrar en los presupuestos públicos, en virtud de lo cual el Estado se ha convertido en una entidad providencialista que financia con fondos públicos la existencia de esas clases tendentes a la ociosidad y la vida improductiva. Ahora bien ¿es España una excepción, o comparte con los países protestantes la existencia de un Estado protector y castrante de la iniciativa privada? Para comprobarlo nada mejor que comparar el peso del sector público en las economías nacionales.

Con datos del Índice de Libertad Económica recopilados por la Fundación Heritage y referidos a 2011, nos encontramos con que el peso del Estado en España supone el 41,1% del Producto Interior Bruto. En otras palabras, el gobierno de nuestro país se apropia del 41,1% de toda la riqueza producida por los españoles, con el fin de sufragar los distintos gastos en que incurren las distintas administraciones públicas.

Pero es que en el caso de los países de tradición protestante el dato no es mejor sino que, en la mayoría de ellos, sus gobiernos detraen porcentajes aún superiores de la riqueza nacional. Así, el peso del sector público en Gran Bretaña es de un 47,3%, Alemania un 43,7%, Dinamarca un 51,8%, Suecia nada menos que un 52,5%, Noruega un 40,2% e incluso los Estados Unidos un 38,9%; tan sólo 2,2 puntos por debajo de España.

En cuanto al llamado gasto social –directamente destinado a financiar el llamado Estado del Bienestar–, la situación no varía demasiado. España dedica un 24,1% a ese concepto, Suecia el 32,1%, Gran Bretaña el 23,3%, Alemania el 28,4%, Dinamarca el 30,8%, Noruega el 23,3% y en la parte baja, de nuevo los Estados Unidos de Norteamérica con el 17,4%.

En el tratamiento fiscal ventajoso para las religiones tampoco existen diferencias sustanciales entre los países mencionados y España. En todos ellos sin excepción, como ocurre aquí, las entidades religiosas están exentas del pago del equivalente a nuestro IBI (Real Estate Property Tax) para los edificios propiedad de las distintas iglesias –incluidos los destinados al culto–, además de estar libres del pago de otros impuestos que gravan las actividades económicas. Incluso en Estados Unidos las numerosísimas Iglesias reconocidas oficialmente están exentas tanto del impuesto de bienes raíces que afecta a su patrimonio inmobiliario como de la práctica totalidad de los impuestos federales, también del equivalente a nuestro IRPF, y eso que muchas de estas organizaciones religiosas realizan actividades comerciales de todo tipo como su principal vía de sus ingresos, los cuales escapan a cualquier control fiscal. Este privilegio religioso quedó reafirmado bajo los auspicios de una sentencia del Tribunal Supremo Estadounidense recaída a comienzos de los años 70 del siglo pasado que, tras una controversia jurisdiccional entre tribunales menores, decretó la exención fiscal de las organizaciones religiosas apelando al razonamiento de que el hecho de que el gobierno gravara con impuestos a las distintas confesiones dañaría la saludable separación entre Iglesia y Estado exigida en su Constitución.

En su último artículo publicado –"De IBIs y otras exenciones"–, César Vidal comete además un error numérico al fijar la cantidad que la Iglesia Católica se ahorra por la exención del IBI entre 3.000 y 3.500 millones de euros, cuando la realidad es que estaría dejando de pagar en torno a sólo 5 millones de euros según las estimaciones más realistas. Algo lógico si tenemos en cuenta que el IBI es un impuesto municipal que se calcula con un porcentaje de entre el 0,4% y el 1,1 del valor catastral del inmueble –según cada ayuntamiento–, y que, según el propio Ministerio de Hacienda, todos los bienes inmuebles de naturaleza urbana existentes en el territorio español liquidan algo menos de 10.000 millones de euros anuales por este concepto.

Para finalizar, tampoco en el escaso respeto por la vida y hacienda del prójimo España sale precisamente mal parada respecto a los países del norte de Europa. Según las tasas de delitos por cada 1.000 habitantes recogidas por EUROSTAT y referidas a 2010 –último año recopilado– en España se cometen 45 delitos, por 74 en Alemania, 85 en Gran Bretaña, 88 en Dinamarca y 121 en Suecia, lo que significa que los ciudadanos suecos casi triplican a los españoles en su disposición para atentar contra la propiedad ajena, mientras que en el resto de países de tradición protestante las cifras se acercan al doble de las españolas.

Como se puede comprobar España no se diferencia en exceso de los países de tradición reformada, al menos en los tres aspectos antes citados, y si lo hace, es generalmente en términos ventajosos. Así pues, en el peso de un estado demasiado providente, el trato fiscal favorable hacia las confesiones religiosas y los niveles de delincuencia de la sociedad, católicos y protestantes andamos de la mano. 

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