El Gobierno especula con mantenernos bajo arresto domiciliario hasta que Sánchez y sus socios entiendan que se puede volver a salir a la calle sin peligro. Sin peligro para ellos, que es de lo que se trata en unos momentos en que las ganas de echarlos para siempre del Gobierno crecen al mismo ritmo que la indignación por su gestión de esta crisis.
Tres semanas después de declarar el estado de alarma, seguimos sin saber quiénes son portadores del coronavirus, porque el Gobierno de Sánchez ha sido timado dos veces consecutivas con unos tests tan inútiles como la plana mayor del Ministerio de Igualdad. No solo han provocado con sus decisiones del mes de febrero y de primeros de marzo una mortandad evitable, sino que, producido el desastre, están demostrando un grado de incompetencia de niveles chavistas, por utilizar un baremo que la izquierda española conoce bien.
Sobrepasados por las dimensiones de la catástrofe, Sánchez y sus socios pretenden que sigamos encerrados viendo la televisión, como en la tortura ideada por Kubrick en La naranja mecánica, con palillos en los párpados para no perder detalle de las tertulias de Ferreras y los telediarios de TVE. Los canales generalistas, alquilados a golpe de subvención, están echando el resto tratando de convencernos de que la manera de gestionar la pandemia por parte de Sánchez y sus muchachos ha sido inmejorable y que la culpa de esta hecatombe, en realidad, es de Rajoy. Un par de años más de confinamiento obligatorio y podrían llegar a persuadir al 51% de su audiencia.
Pero esto no da más de sí. Los ciudadanos tenemos que empezar a recuperar la normalidad, por más que al Gobierno le convenga estirar indefinidamente el estado de excepción, que es en lo que estamos de verdad. Porque seguir confinados sin fecha prevista para poder volver a vivir y trabajar solo va en beneficio del Gobierno, por más que sus voceros mediáticos insistan en que es una medida esencial para mantenernos a salvo. En el PP no deberían aceptar esta política de hechos consumados. Es hora de plantarse y defender el derecho a circular y trabajar de todos los españoles no infectados, asumiendo el riesgo de que en La Sexta los acusen de deslealtad.