El Tribunal de Estrasburgo ha ordenado al Gobierno recuperar la tarifa plana para los asesinatos etarras y el progresismo patrio está que no cabe en sí de gozo. Los Derechos Humanos, entelequia sin base real que justifica cualquier tropelía, han triunfado una vez más, para esmaltar el carácter súper democrático de las instituciones europeas encargadas de velar por su estricta observancia. Los defensores de los derechos humanos de los asesinos, que contradicen con su conducta precisamente ese carácter humano, están de enhorabuena porque una instancia europea ha puesto fin a la anomalía jurídica que pretendía aplicar los beneficios penitenciarios en función del número real de los delitos cometidos y no del máximo penal previsto en la ley.
La sentencia es consecuencia de un Código Penal lleno de remiendos y una Constitución que sitúa la reinserción –imposible metafísico en el caso de delitos atroces como los cometidos por muchos etarras– como eje primordial de la política penitenciaria. El Tribunal de Estrasburgo simplemente ha dado carta de naturaleza a la revisión de una estrategia que debería haber tenido un sólido asiento legal desde hace décadas. La clase política dice ahora lamentar profundamente que criminales con decenas de víctimas a sus espaldas salgan en libertad habiendo cumplido menos de dos años de prisión por cada asesinato, pero cuando tuvo ocasión dar solución definitiva a un asunto que tarde o temprano iba a terminar así no creyeron oportuno ponerle el menor remedio. Lo fiaron todo a la ingeniería judicial y este es el resultado.
Los etarras irán saliendo a la calle progresivamente, pero que nadie se alarme. El Gobierno, haciendo gala de su habitual firmeza, ya ha dicho por boca de su ministro del Interior que intentará ahora que no se carcajeen demasiado y, a ser posible, celebren su victoria en la intimidad. Los proetarras alcanzan así sus últimos objetivos políticos. El proceso de paz ha terminado.