Ser un alto cargo del Partido Popular en la región de Murcia se ha convertido en un deporte de alto riesgo gracias a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma, cuyo máximo responsable no tiene ningún empacho en fotografiarse en las sedes socialistas, pero eso sí, con las manos en los bolsillos, como diciendo, "ah, a mí que me registren, he venido sólo a charlar con mi señora". Manuel López Bernal es un tipo encantador, incapaz también de hacerle un feo a la simpática plataforma "Murcia no se vende", cuyos integrantes han decidido en efecto que aquí no se puede vender una propiedad a menos que den ellos el visto bueno, en tanto que garantes del bienestar planetario. Al bueno de don Manuel le parece excelente que estos grupúsculos organizadores de concentraciones y marchas en contra del desarrollo urbanístico le otorguen sus distinciones, pues al parecer eso añade un mayor crédito a la ecuanimidad de que debe hacer gala cualquier órgano administrativo o judicial en un Estado de Derecho.
Su ayudante especializado en delitos urbanísticos –aquí también tenemos el honor de contar con un fiscal dedicado full time a estos asuntos–, esbozaba el pasado jueves en un congreso internacional las líneas maestras de su programa apostólico, que se resumen en su petición pública a todos los jueces para que empleen "mano dura" en esta materia. Observen el detalle de que lo que exige a los jueces no es la aplicación estricta de la ley, sino el empleo de "mano dura", concepto jurídico de difícil imbricación en un Estado de Derecho aunque seguramente muy del gusto del nuevo ministro de Justicia. Es el efecto Bermejo, que de aquí a las próximas elecciones municipales y autonómicas nos va a proporcionar grandes satisfacciones.
Al concejal de Molina de Segura Luis Gestoso le ha tocado experimentar en primera persona esta nueva política de la Fiscalía regional. Dos concejales del PSOE le acusaron de prevaricar sin fundamento, de todo lo cual tuvieron que dar cuenta en el correspondiente juzgado. De allí salieron multados y condenados a leer en rueda de prensa el fallo de la sentencia. Y es en este momento de la trama cuando aparece la Fiscalía, que por el correlato de los hechos es difícil no representarla mentalmente cual galán de opereta dispuesto a vengar el honor mancillado de su dama, acusando a Gestoso de contaminar el (llamado) Río Segura, aunque los informes técnicos determinan lo contrario.
El PSOE murciano se enfrenta a numerosos episodios de supuesta corrupción en sus filas (el diario La Razón hizo un recopilatorio hace unas semanas y ya van por treinta casos sospechosos), con el Ayuntamiento de Los Alcázares en plan estelar hasta el punto de que amenaza con eclipsar a la famosa operación Malaya, con cuyo sumario existen curiosas vinculaciones. Sin embargo, la Fiscalía regional prefiere ocuparse primero de los supuestos vertidos a una acequia municipal, competencia de este concejal convertido casi en la bestia negra de nuestro progresismo, dicho sea en su honor. Pero no desesperemos. En cuanto acaben de investigar la caquita de esa zanja, los acorazados de la Fiscalía se dirigirán contra los corrutos, sean del partido que sean. Aunque ello le suponga a su titular no salir más en las fotos "de progreso".
