Cristina Cifuentes tiene numerosos detractores –los más sañudos, en su propio partido–, pero su gestión en las adjudicaciones de los servicios de la Asamblea de Madrid, salvo que aparezcan indicios más sólidos, no reviste los visos de escándalo que algunos comienzan a agitar tras un muy desafortunado informe de la unidad especializada Guardia Civil.
Sostiene la Benemérita que las adjudicaciones del servicio de cantina de la Asamblea de Madrid son irregulares y acusa a Cristina Cifuentes, como presidenta de la Mesa de Contratación, de haber manipulado el procedimiento para beneficiar a un donante de su partido. Para apuntalar este argumento, los agentes de la UCO denuncian que las adjudicaciones no se realizaron a favor de la empresa que presentó la oferta económica más ventajosa y que los criterios de valoración dejaban cierto margen para la discrecionalidad. Sin embargo, nada hay de ilegal en ello, puesto que cuando la Administración licita la prestación de un servicio a los usuarios suelen entrar en juego más parámetros y no solo la mera oferta económica.
Y puesto que los criterios referidos a la calidad de un servicio son, por propia definición, subjetivos, nada hay de extraño en que la adjudicación de la cantina de la Asamblea madrileña fuera a una oferta que no era la más atractiva en el precio. Lo único exigible aquí es que el resto de criterios utilizados fueran coherentes con el objetivo final de determinar qué adjudicatario está capacitado para prestar el servicio con los mayores estándares de calidad. De hecho, si se procesara a los presidentes de las mesas de contratación que han adjudicado contratos a empresas que no han sido las mejores en el precio, los juzgados españoles estarían trabajando una década exclusivamente en este asunto.
Los investigadores de la UCO pueden ver aquí (pág. 51) los criterios de valoración del último contrato licitado por el Ayuntamiento de Madrid. El departamento que dirige Luis Cueto, sobrino de la alcaldesa, va a adjudicar un contrato de servicios por importe de 1,9 millones de euros, diez veces más presupuesto que el contrato adjudicado por Cifuentes. Como se puede apreciar, la oferta económica sólo supone el 10% de la valoración para adjudicar el contrato, mientras que el resto de criterios representan el 90% restante. Es muy probable, por tanto, que el adjudicatario no sea el licitador con una mejor oferta económica, sino el que la Mesa de Contratación valore como más capacitado para llevar a cabo la prestación de ese servicio.
Por tanto, salvo que surjan nuevas revelaciones que demuestren un trato de favor a cambio de donaciones partidistas, las adjudicaciones de la Asamblea de Madrid cuando Cifuentes estaba en la vicepresidencia tienen todos los visos de legalidad. Otra cosa es que el fervorín justiciero iniciado por Ciudadanos y alimentado por ella misma se la lleve por delante sin haber hecho nada ilegal.