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Pablo Molina

Un Gobierno que escucha a los ciudadanos

La hija del funcionario represaliado por el franquismo a base de nombramientos en el BOE parece no tomarse en serio la gravedad de lo que el PP está denunciando.

Pablo Molina
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Cuando Zapatero acusaba a Aznar en 2003 de no escuchar "la voz de la calle", no imaginábamos que su propuesta alternativa era hacerlo de forma selectiva, según afirma la secretaria general del Partido Popular.

Teniendo en cuenta la pusilanimidad con que el PP se defiende del PSOE en los asuntos polémicos, muchos y muy claros han de ser los indicios recogidos por de Cospedal para hacer una acusación tan contundente, cual es que miembros destacados de su partido están sufriendo escuchas ilegales.

El caso de las conversaciones de Federico Trillo con un abogado del partido popular, cuyo apellido coincide con el de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, es tal vez el más pintoresco. La cadena SER, cuya facilidad para el periodismo de investigación alcanza cotas sublimes cuando mandan los socialistas, tardó muy pocas horas en divulgar a sus oyentes que Trillo estaba presionando un magistrado apellidado Montero. Los periodistas del grupo PRISA, por tanto, "descubrieron" que el ex ministro de defensa hablaba frecuentemente con alguien con ese apellido, al que identificaron erróneamente con el magistrado que, curiosamente, votó en contra del sobreseimiento de la imputación de Francisco Camps en el caso Gürtel.

Y como nada de lo que ocurre bajo un Gobierno socialista suele ser casual, en el PP están sumando dos más dos y llegando a conclusiones que nos retrotraen a tiempos pasados, cuando el entonces CESID realizaba aquellas simpáticas "escuchas aleatorias" en las que, vaya por Dios, siempre resultaban agraciados personajes incómodos para el Gobierno.

La hija del funcionario represaliado por el franquismo a base de nombramientos en el BOE parece no tomarse en serio la gravedad de lo que el PP está denunciando. Sin embargo, un vicepresidente socialista del gobierno tuvo que dimitir por este tipo de asuntos, más propios de un gobierno bolivariano que de uno homologable a las democracias occidentales. Quizás debería ordenar una investigación para aclarar si siguen existiendo "escuchas aleatorias", no sea que un día le pase lo que al gran Narcís. Sería una pena que por esta tontería perdiera la posibilidad realizar "veraneos de trabajo" en destinos exóticos con cargo al presupuesto, como viene haciendo desde que la nombraron.

Colaborador de Libertad Digital.

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