La asociación de operadores de telecomunicaciones con red propia (REDTEL) está manteniendo conversaciones con el Ministerio de Cultura para poner un poco de orden en la anarquía en que se ha convertido internet. A los socialistas les parece fatal que los ciudadanos utilicen las nuevas tecnologías en la forma que estimen oportuna, así que, como España no tiene actualmente ningún problema destacable, van a centrar sus esfuerzos en imponer con carácter obligatorio el sometimiento de todos los internautas a la extorsión de la SGAE y, eventualmente, en que las niñas puedan abortar sin el conocimiento de sus padres. Lo del pleno empleo lo dejan para otra década, porque lo primero es garantizar un bien pasar a los artistas de la ceja y sus representantes, especialmente en tiempos de crisis.
El contenido de las conversaciones entre los operadores de ADSL y el Ministerio permanece en secreto, como las charlas cinegéticas entre Bermejo y el Súper, pero todo indica que el objetivo es imponer en España la tiranía estatal hacia los usuarios de internet que ya se practica en otros países.
Se trata de impedir que podamos intercambiar archivos entre particulares (algo absolutamente legal, como lo demuestran varias decenas de sentencias judiciales) con un método, persuasivo donde los haya, que consiste en lo que se ha dado en llamar "los tres avisos", expresión tan taurina como apropiada para este caso. Las dos primeras veces que los espías de Teddy sospechen que usted ha descargado un archivo le llegará un aviso (no sabemos si será un mensaje electrónico o un pez muerto a la puerta de su vivienda), y a la tercera, su proveedor de ADSL "entrará a matar" y directamente le cortará la conexión.
Sorprende que los empresarios del sector acudan al Ministerio a escuchar educadamente a quienes están dispuestos a hundirles el negocio, porque de implantarse esa medida la pérdida de clientes sería brutal. A los ciudadanos, en cambio, nos vendría bien que ocurriera todo esto, porque la inventiva del ser humano para sortear dificultades es tan portentosa que inmediatamente surgirían empresas de todo tipo capaces de garantizar el servicio completo de banda ancha, aunque tuvieran que radicar su sede en algún diminuto país asiático, lejos del alcance de Teddy y Ramoncín.
Si los operadores actuales quieren sacrificar la parte mollar de su negocio a cambio de otras prebendas gubernamentales están en su derecho. Exactamente igual que los usuarios actuales a prescindir de sus caros, lentos y tercermundistas servicios. La coacción institucional no sólo no funciona, sino que agrava el problema que pretende solucionar. A cambio, en los estados de necesidad surgen individuos con ideas brillantes que mejoran todo lo que había hasta la fecha. Así pues, en estos momentos debe haber varios miles de jóvenes informáticos elaborando sistemas capaces de devolver a internet la libertad que los socialistas quieren erradicar. ¡Ánimo chicos! Os estamos esperando.