Sólo en España se somete a consulta popular la posibilidad o no de que un gobierno autonómico respete no ya la constitución española, que también, sino el más elemental sentido común. Y nada hay más sensato y acorde con los derechos y libertades públicas que que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.
El presidente gallego, en cambio, parece tener una confianza muy limitada tanto en el orden constitucional como en la sensatez de los ciudadanos, no de otra forma cabe explicarse que haya sometido a una especie de referéndum la necesidad de modificar la legislación educativa aprobada por su antecesor, el socialista Touriño en compañía de su socio Quintana, ambos eliminados por el desagüe de la política tras el brillante batacazo electoral del pasado mes de marzo.
Pero si Núñez Feijoo creía que la encuesta realizada a los padres gallegos va a darle una mayor legitimidad para introducir las reformas que prometió en la pasada campaña electoral, mucho me temo que el resultado no va a coincidir con sus deseos. Y es que mientras los gobiernos se encarguen de "planificar" la educación a despecho de las decisiones individuales de los padres de los alumnos, siempre habrá un número importante de afectados que verán suprimido su derecho a elegir. Y ya hemos comprobado la capacidad de victimismo y agitación de los nacionalistas cuando resultan perjudicados por una decisión democrática.
El problema se resolvería devolviendo a los ciudadanos las competencias que los distintos gobiernos se arrogan en exclusiva, como el tipo de sanidad o educación que quieren recibir. En este segundo caso serían las decisiones individuales de los padres con hijos en edad escolar lo que ordenaría el mapa educativo, que es lo que pide la admirable organización cívica Galicia Bilingüe, y no al revés, como ocurre ahora. Es la administración la que debe someterse al criterio de los contribuyentes libremente expresado y no al contrario. Los políticos, como empleados nuestros que son (y además con contrato temporal), deben dar la máxima libertad a los que les pagamos el sueldo y limitarse a cumplir con nuestras exigencias.
Sólo falta que los jefes de los gobernantes, es decir usted y yo, decidamos que hay cosas en las que un empleado no se debe meter jamás. Igual algún siglo de estos lo conseguimos.