Bruselas enviará inspectores a España. Trabajo no les va a faltar, porque las cuentas autonómicas, con su miríada de fundaciones, agencias, empresas públicas y demás chiringuitos, no es algo que se pueda revisar en un par de días
Los gobiernos en todo tiempo y lugar tienden a ser manirrotos, porque esa es la verdadera naturaleza del poder. Los políticos nunca consideran haber gastado lo suficiente e incluso Rajoy, que no pasa por ser precisamente el colmo de la prodigalidad, decía esta semana que su deseo sería tener un 20 por ciento más de dinero público para gastarlo en los asuntos más variados. El hecho de que ese dinero forzosamente ha de ser previamente incautado a los ciudadanos es un detalle que a la casta política le trae sin cuidado, porque su único interés es cuadrar las cuentas públicas aunque para ello destrocen las privadas.
Constatada la voracidad de los gobernantes, la exigencia de cierta pulcritud en los datos que se facilitan a las autoridades económicas supranacionales deriva necesariamente en un esfuerzo de los culpables para disimular sus excesos. Como el deportista tramposo que intenta ocultar el dopaje, los políticos dedican muchos esfuerzos a poner en marcha instrumentos de ingeniería contable a fin de ocultar la realidad de su gestión, y eso es algo que ocurre tanto aquí como en Grecia, en Alemania o en Gran Bretaña en mayor o menor medida.
Sin embargo en España tenemos dos peculiaridades que nos convierten en un caso de estudio preferente por los vigilantes de la ortodoxia presupuestaria de la Unión Europea. Uno es coyuntural –las dos legislaturas de ZP- y otro de carácter estructural, como es la existencia de diecisiete gobiernos autónomos, con sus diecisiete cámaras legislativas y sus diecisiete castas políticas instaladas en los presupuestos regionales.
Bruselas va a enviar inspectores a España para intentar desentrañar el misterio de nuestro déficit, un fenómeno emergente que siempre se desvía en la misma dirección. Trabajo no les va a faltar, porque las cuentas autonómicas, con su miríada de fundaciones, agencias, empresas públicas y demás chiringuitos, no es algo que se pueda revisar en un par de días. Con un presupuesto anual de más de 160.000 millones de euros, una deuda de 140.000 millones y unos chiringuitos patrocinados de los que lo último que se sabe es que arrastran una deuda a su vez de más de 15.000 millones, la tarea que tienen por delante los inspectores europeos es más que notable si es que realmente quieren puntear los datos completos de la catástrofe.
Pero es que aunque los vigilantes de la UE acrediten una disciplina espartana y consigan analizar en su totalidad el despropósito autonómico, todavía les quedará cotejar los miles de millones de euros que permanecen en los cajones de las comunidades en forma de facturas impagadas, otro arcano monumental que no han podido evaluar ni siquiera los responsables de haber recurrido a esta forma tan mediterránea de trampear con el déficit para seguir gastando durante los años de la crisis.
Si finalizan su trabajo y consiguen sobrevivir al examen de las cuentas andaluzas habrá que concederles la Medalla de Carlomagno. En caso de que aún conserven la cordura.
