En Cataluña, como en el resto de España, la pandemia no ha provocado un estallido social. Nadie ha roto un escaparate, saqueado un comercio o apedreado a la policía por las colas del hambre, el paro, los ERTE, el cierre masivo de negocios, las muertes en las residencias de ancianos, el colapso del sistema sanitario, las restricciones en la actividad económica y en la vida social o el toque de queda. Las víctimas de la crisis, en un contexto con datos económicos sólo comparables a los de la inmediata posguerra, se lamen las heridas en soledad.
Hay quien sospecha que si gobernara la derecha, sindicatos y partidos como el PSOE, Podemos y los nacionalistas habrían aprovechado el caldo de cultivo de la pandemia y el malestar social para reventar las costuras del Gobierno y provocar un cambio de sistema a fuerza de manifestaciones, algaradas, disturbios y saqueos. Pura agitación y propaganda. Pero gobierna quien gobierna y los primeros interesados en que no se cuestionen sus privilegios son los sindicatos y los chicos y chicas de Podemos.
La cuestión es que las calles estaban en paz hasta que comenzó la campaña electoral catalana y Vox se presentó en sociedad en una región que es como Rentería en los años ochenta, un enclave sin orden ni autoridad alguna, un territorio descontrolado en el que cualquier mediamierda es capaz de poner en jaque a la policía autonómica por culpa de los mandos políticos y también de los pusilánimes mandos operativos.
Tal vez sea injusto decir que cualquiera puede hacer lo que le salga del níspero en la Cataluña fallida. No se vayan a creer que el primero que incendie un contenedor de basura es el puto amo. Eso no es así. Para triunfar se requiere ser independentista o antisistema o, mejor, las dos cosas a la vez. Si concurren tales circunstancias, carta blanca para incendiar las calles a placer, destrozar propiedades públicas y privadas, apedrear a los policías, sean del cuerpo que sean, y sembrar el caos, sea por la república catalana, el desalojo de unos okupas o el encarcelamiento de un delincuente, cual es el caso de Pablo Hasél, alias de un tal Pau Rivadulla.
Excesos como el "apreteu, apreteu" dirigido a los Comités de Defensa de la República (CDR) de esa calamidad que fue el último presidente de la Generalidad, o que Colau diga que lo más grave que sucedió el martes fue que un criminal ingresó en prisión son causa directa de los disturbios. Con esa desgracia de políticos, la policía está vendida y el orden público es una entelequia. Sus palabras abonan la violencia, igual que cuando el consejero de Interior catalán, Miquel Sàmper, dedica media rueda de prensa convocada para informar del número de heridos y el balance de daños a pedir cambios en el Código Penal para que un tipo como Hasél pueda hacer apología del terrorismo sin consecuencias.
Cataluña está perdida, es una región en quiebra. Hace ya muchos años que el Estado la entregó a los caciques nacionalistas, que la han convertido en un erial político, económico y cultural. Barcelona es un mero enclave turístico, un chiringuito de playa, una megabarra americana para el público de ferias y congresos, la Bangkok del sur del Mediterráneo siendo muy generosos y con perdón de la capital de Tailandia. Una lástima y un lupanar. Y suerte que estos disturbios coinciden con la pandemia y no hay turistas o congresistas que puedan desacreditar los encantos del país, sol, sexo y tapas y, en el lado oscuro, los narcopisos.
Los elementos más violentos del separatismo han encontrado en el caso Hasél una excusa perfecta para continuar con las prácticas de terrorismo callejero que emprendieron contra Vox en medio del aplauso generalizado de los nacionalistas, la izquierda y los medios públicos y los subvencionados al servicio de la causa separatista. Ahora el problema es que han atacado una comisaría de los Mossos en Vich. Vaya por Dios. ¿Pero qué se esperaban si cuando Vox estuvo en Vich los Mossos se dedicaron a recular porque tenían órdenes políticas y operativas de no hacer nada?
Dice el consejero Sàmper que una comisaría de los Mossos es una "institución catalana" y que hasta ahí podíamos llegar. ¿Y de los comercios saqueados y las motocicletas quemadas nada que decir? Que viva Hasél por encima de todo pero que estaría bien tener la fiesta en paz, apunta el conseller. No cabe más abyección, mas podredumbre moral, más ignominia y miseria. Y todo ello con la excusa de la libertad de expresión. La misma excusa que permitiría defender a la pobre muchacha disfrazada de Pilar Primo de Rivera que dice que el judío es culpable y a quien Twitter ya ha suspendido la cuenta. En cambio, la de Hasél, con consignas a favor de la ETA y los Grapo, sigue activa.
Sàmper, todo un personaje. Expresidente del Consejo de la Abogacía Catalana que sumó dicha organización al Pacto Nacional por el Derecho a decidir a cambio de un puesto de asesor en la Diputación de Barcelona. La adhesión fue declarada nula por vulnerar los derechos fundamentales de los abogados, pero Sàmper ya había trincado el cargo. Le prometieron que si apoyaba el procés no tendría que volver a trabajar de letrado y cumplieron. Tras la Diputación, fue concejal convergente en Tarrasa y hace unos meses su amiguete Torra le nombró consejero de Interior.
El hombre aspira a repetir de consejero mientras arde Cataluña. Confía en que ERC reedite el pacto con Junts per Catalunya (JxCat), su partido, la partida de Puigdemont. ¿Cómo no van a estar a favor de los delincuentes si les preside un prófugo? Pero lo tiene difícil. ERC ha abierto la ronda de negociaciones para formar Gobierno con la CUP, cuya cabeza de lista, Dolors Sabater, declaraba la semana pasada en un digital separatista que se sentía preparada para asumir la Consejería de Interior.
Sabater fue alcaldesa de Badalona y se atribuía el mérito de haber disuelto la sección antidisturbios de la policía local. En la entrevista prometía eliminar la Brigada Móvil de los Mossos, la famosa Brimo, y la Arro (Área de Recursos Regionales Operativos). Se trata de Cataluña, donde todo es susceptible de empeorar. La próxima estación es que los amigos de Hasél se hagan cargo de la policía autonómica. Pobres mossos y pobres e indefensos ciudadanos de Cataluña.