En su colosal estulticia, el separatismo rufianesco ha dado en tachar de nazi a un alemán que se apellida Jacobi. Se trata del empresario que le cantó las cuarenta en bastos al presidente del Parlament, Roger Torrent. Karl Jacobi es la última bestia negra del catalanismo por haber dicho aquello de que los políticos que pisotean las leyes deben ir a la cárcel. Torrent, claro, se quedó de piedra. Sobre todo por la cerrada ovación que suscitaron las palabras de Jacobi entre el público de la velada.
Horas después, la jauría de Twitter se lanzaba a la cacería del disidente y el personal de los Comités de Defensa de la República (CDR) difundía los datos personales de Jacobi y los de su empresa para llevar a cabo las cívicas actividades de señalamiento, boicot y hostigamiento a fin de que Jacobi, que lleva desde mediados de los ochenta en Alella, Barcelona, España, agarre sus bártulos y se vuelva para Alemania porque en la república catalana de esta gentuza no hay sitio para un extranjero discrepante como él.
Las amenazas en las redes sépticas, las pintadas en las casas de jueces, de dirigentes de Sociedad Civil Catalana y de concejales de Ciudadanos, PP y PSC, los carteles de Arran con las caras de Arrimadas y Alberto Fernández sobre la leyenda "Enemigos del pueblo", los insultos a familiares de políticos no nacionalistas no han propiciado jamás la más leve condena por parte de los partidos nacionalistas o de los podemitas de Colau. Ni siquiera cuando una panda de energúmenos pegó una paliza a dos mujeres a plena luz del día y en plena calle por llevar camisetas de la selección española de fútbol y recoger firmas para que el equipo vuelva a jugar en Cataluña. Tampoco dijeron nada las organizaciones feministas. Aquellas dos mujeres fueron agarradas del pelo, tiradas al suelo y pateadas un sábado por la tarde en la Meridiana de Barcelona. Por llevar camisetas de España.
Tampoco ha condenado nunca el nacionalismo las represalias sufridas por las familias que han osado pedir clases de español para sus hijos, padres avalados por sentencias judiciales con las que políticos, funcionarios y profesores talibanes se han limpiado el trasero ante la pavorosa complicidad del PSC, que sigue en esa charca. Es cierto que habría resultado extraño que los catalanistas se condenaran a sí mismos.
Y qué decir de aquellos alcaldes que no querían participar en el 1-O, acosados por las brigadas cívicas del pueblo en seguimiento de las instrucciones de Puigdemont de que a esos tíos había que mirarles a los ojos, o de la matraca nocturna de los payasos por la república ante las pensiones en los que se alojaban los policías y guardias civiles, de los chantajes a los hosteleros para que los echaran, del odio puro que fue primero que el "A por ellos" a las puertas de las comisarías de las que partían los refuerzos. Germà Bel, exdiputado de Junts pel Sí, exsocialista y reputado profesor de Economía, tuiteaba por entonces que los hoteles no suelen aceptar animales.
En estas que va Jaume Roures y dice que hay una caza de brujas porque Montoro se ha interesado por lo que la Generalidad le ha pagado a él y a otros gurús del proceso. Y dice más: que a este paso lo que votaron en el 1-O serán segregados en los transportes públicos, que ahora van a por él, pero que luego irán a por más y tal. Ya se imagina entre Bertolt Brecht y Rosa Parks. Qué tragedia y qué pena. Los investigados por los espías de la Stasi d'Esquadra, los niños marginados en las escuelas por ser hijos de guardias civiles, los críos señalados por hablar español en el patio, los familiares de los políticos "unionistas", los sospechosos habituales del Consejo Audiovisual de Cataluña, los vecinos de Vila-roja, el barrio marginal de los españoles en Gerona, y herr Jacobi, el nazi judío, seguro que se solidarizan con él. Todos somos Roures.