El separatismo ha activado la maquinaria del odio contra el secretario general del Parlamento catalán, un funcionario que no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber al tramitar la baja de Quim Torra como diputado. El alto cargo ha sido señalado por el abogado del todavía presidente regional, Gonzalo Boye, que le imputa haberse excedido en sus competencias y le amenaza con acciones legales. El propio Torra acusa de subvertir la voluntad de los ciudadanos al referido funcionario, que es insultado y amenazado por las extensiones separatistas en los medios y las redes sociales sin que ningún dirigente independentista salga en su defensa.
Los radicales, que ya no son solo los elementos de la CUP sino los antaño melifluos convergentes, le tenían ganas a este funcionario desde que dio en notificar a la expresidenta de la Cámara catalana Carme Forcadell las ilegalidades y barbaridades que se estaban cometiendo en la tramitación de aquellas leyes de referéndum, desconexión y transición, el sustento legal del golpe de Estado.
El secretario general del Parlament no es precisamente un desconocido, pero cuando el juicio en el Supremo pidió declarar sin que se le viera la cara. Temía la reacción de un separatismo que en el mejor de los casos actúa de manera pasivo-agresiva, mirando por encima del hombro a quienes no llevan lazo amarillo. A pesar de las prevenciones de este funcionario, similares a las de la letrada de la Administración de Justicia que asistió a la entrada y registro en la consejería de Junqueras, a los líderes del separatismo les parece que su movimiento es el colmo del civismo y del pacifismo. Quienes no tienen más remedio que oponerse a ellos prefieren ocultar su rostro, pero ese detalle no les dice nada al pío Junqueras y a sus compinches, que este martes serán recibidos como auténticos héroes en el Parlament en vez de como lo que son, unos delincuentes juzgados y condenados.
El de secretario general del Parlament debería ser un cargo anónimo y cómodo, un puesto nada comprometido, una ocupación tranquila, relajada incluso. Pero no es el caso. Los abusos de los separatistas convierten el puesto en una ocupación de alto riesgo, mientras los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) aúllan a las puertas de la Cámara por la inhabilitación del exdiputado Torra, otro delincuente, como ha subrayado la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, al poner de manifiesto que ese sujeto ha sido condenado por desobediencia, delito tipificado en el Código Penal.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno, el Gobierno y el PSOE permiten la persecución de quienes cumplen la ley en Cataluña y se disponen a agasajar al condenado por desobediencia. Resulta algo más que inquietante.