El Gobierno pretende reformar el Código Penal para atenuar las penas por sedición, delito que la sentencia del Tribunal Supremo atribuye a quienes dieron un golpe de Estado y proclamaron la independencia de Cataluña. La impresión generalizada es que con tal reforma se pretende excarcelar a la mayor brevedad posible al líder de ERC, Oriol Junqueras, y, por ende, al resto de reos de la asonada de octubre de 2017 en Cataluña.
Considerada la sedición como un delito venial, la suelta de los sediciosos sería la primera consecuencia, pero no la única ni la más grave. A partir de la despenalización del alzamiento tumultuario se abrirían las puertas al "Ho tornarem a fer" (lo volveremos a hacer) que preconizan los presos del procés. Supondría una autopista para los golpistas, vía libre, luz verde, ancha es Castilla para las consultas ilegales, las balconadas y las leyes de transitoriedad, desconexión y abolición de la democracia, un regalo para los separatistas que excede con mucho la gracia de un indulto e incluso la amnistía. En esas condiciones lo volverán a hacer seguro. Y esta vez o les sale bien o, como mínimo, gratis.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es capaz de cualquier cosa para poder decir que él no ha sido quien ha puesto en la calle a sus socios, sino que estos han salido de la cárcel con la ley en la mano, tal es su demagogia, desvergüenza y desparpajo. Y por ahí es por donde se avizora una gran oportunidad para los golpistas, un Código Penal de la señorita Pepis que deja el Estado a los pies de los caballos en el caso de otro referéndum ilegal.
La prueba irrefutable de que la maniobra es una concesión del Gobierno a los golpistas es que la vicepresidenta Carmen Calvo haya asegurado que se trata de "actualizar" el Código Penal y que el asunto no forma parte de la "mesa de diálogo". Ahora ya sólo queda por saber qué le parece todo esto al pío Junqueras, si bien, muy bien o, como diría él mismo, una puta mierda y quiere más.