Al golpismo catalanista le impresionan poco las cárceles. Sobre todo las cárceles catalanas, en las que mandan a placer y sin sonrojo. Otra cosa es Soto del Real o Estremera, pero en la prisión de Lledoners, también conocida como el Gran Hotel de Lledoners, los condenados por el golpe de Estado de octubre de 2017 disfrutan de un régimen especial. No de otra manera se entiende que las delegaciones de Junts per Catalunya (JxCat) y ERC negocien la formación del nuevo Gobierno autonómico tras los muros de la institución penitenciaria.
La estancia en esa prisión no ha facilitado precisamente un proceso de arrepentimiento y reinserción entre los golpistas, que rechazan, por ejemplo, los indultos que les tiene prometidos el Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, a tenor de lo declarado por muchos de ellos, se limpian el arco del triunfo con la medida de gracia. Y en cuanto al golpe, se reafirman en que lo volverán a hacer. Pero así, sin más, con solo que se den las condiciones necesarias.
Tal vez si hubieran continuado en las cárceles de la Meseta tendrían una opinión diferente, pero en este país que dicen que es una terrible dictadura que no hace más que reprimirlos los delincuentes comunes como ellos tienen derecho a cumplir el grueso de su condena lo más cerca posible de sus domicilios. Y, dado que las cárceles catalanas están bajo mando del Gobierno de la Generalidad, pues son, como diría Guardiola, los putos amos.
Sin embargo, hay una cosa que a los independentistas sí que les impone un cierto respeto, y es que les toquen la cartera. Se les menta la posibilidad de una multa y entran en pánico, con palpitaciones, sudoración y alteraciones del ritmo cardiaco. Es una cosa de no creer. Por ejemplo, la Junta Electoral Central reclama a Quim Torra 8.500 euros por tres sanciones debidas a que a ese pedazo de valiente retiró unas pancartas sobre los golpistas fuera de plazo. ¿Y cómo se lo ha tomado Torra? Pues ha dicho que antes prefiere la cárcel que pagarle a la Junta Electoral ni un euro. Cualquiera podría pensar que el último presidente de la Generalidad está en la ruina, pero no es el caso. Todo lo contrario. El tipo se ha garantizado un sueldazo de por vida merced a sus dos años de hacer el ridículo en el palacio de la Generalidad.
Las multas y los embargos causan pavor, razón por la que entre los separatistas acongoja más el Tribunal de Cuentas que la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. La posibilidad de que tengan que devolver todo lo que se pulieron en el impulso del proceso separatista es lo que verdaderamente les quita el sueño y de lo que hablan en sus restaurantes preferidos, mientras se lamentan de la insoportable represión que dicen padecer. El mismo Artur Mas, por ejemplo, no hace más que quejarse de la supuesta persecución económica mientras trinca más de siete mil euros mensuales del erario en calidad de presidente jubilado.
El Tribunal de Cuentas ha abierto una nueva carpeta que tiene a los separatistas con el corazón en un puño. Y es que ha citado a Mas, Puigdemont, Junqueras y a una treintena de exconsejeros y altos cargos, los que desde 2012 andan jodiendo con el proceso, para que den cuenta de lo gastado en materia de promoción en el extranjero del odio a España. La factura podría ascender a 20 millones de euros, una ínfima parte del dinero público dilapidado. Dinero de todos los ciudadanos de Cataluña, fueran independentistas o no, que estos pavos se gastaron en embajadas, conferencias, propaganda, viajes y sus correspondientes dietas.
Toda esta peña ya ha empezado a reclamar la solidaridad de los independentistas, es decir, que los ciudadanos que votan ERC, CUP o Junts pongan más pasta de sus bolsillos en una caja de solidaridad que lleva gastados unos 14 millones de euros en que el golpe de Estado les salga gratis a sus promotores, de Mas a Puigdemont, pasando por Junqueras y los acólitos de primera línea. No tienen vergüenza ni sentido del ridículo. Lo único que tienen es un miedo cerval a tener que devolver lo robado. Son los herederos más dignos que podía tener un tipo como Pujol.