La inmensa mayoría de los medios de comunicación de Cataluña, casi en su totalidad nacionalistas, no informa sobre la negativa de la Generalidad a vacunar a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, personal esencial que según los planes del Gobierno debería haber recibido ya al menos la primera dosis de la vacuna.
En ningún otro lugar de España ocurre cosa semejante. Como las competencias sanitarias están delegadas, son las comunidades autónomas las que se encargan de las tareas de vacunación. Y las autoridades regionales catalanas han decidido que a policías nacionales y guardias civiles, ni agua. Así están las cosas en Cataluña.
Como se recordará, el día después del referéndum ilegal, hijos de guardias civiles que asistían a clase en un instituto de San Andrés de la Barca, en Barcelona, fueron reprendidos, humillados y vejados por sus profesores, que tuvieron el cuajo de convocar una manifestación silenciosa en el patio en protesta por la "masacre" del 1-O. ¿Masacre? Sí, masacre. Así definían los medios la intervención policial que se saldó sin más heridos de consideración que el ciudadano que perdió un ojo.
El caso de aquellos profesores fue archivado, pero una de las palabras más usadas en la política catalana es represión. Cuando un político o un propagandista del independentismo se queda sin argumentos, siempre tiene a mano el comodín de la represión. He ahí el sociólogo que declaró haber pasado una semana entera sin dormir por culpa de la supuesta represión. Lo que no dijo fue el hecho concreto que desencadenó tan prolongado insomnio, aunque la capacidad para la ficción en el independentismo es proverbial.
Volviendo al expediente de las vacunas y los agentes, la represalia es obvia. La Consejería de Salud, en manos de ERC, el partido de Rufián, formación que es socia prioritaria del Gobierno de Sánchez, ha dado la instrucción de no vacunar a los agentes. Se escuda en que no son sus funcionarios, en que faltan vacunas y en que los vacune el Ministerio del Interior o el de Sanidad.
No cabe mayor vileza, acto más grosero de odio y de discriminación. El nacionalismo catalán enseña su verdadera cara, los rasgos supremacistas, xenófobos y racistas condensados en una decisión que seguro responde a algún tipo del Código Penal. ¿Y qué hace el Gobierno? Pues en vez de obligar a la Administración regional catalana a vacunar a los agentes, anuncia que ya se encargará la Administración del Estado.
No cabía esperar del Ejecutivo de Sánchez y Podemos una acción a la altura de las circunstancias, la recuperación de las competencias de sanidad, por ejemplo, pero asumir la vacunación de estos funcionarios sin la más leve protesta es una muestra inaceptable de claudicación, es validar una acción criminal de la Generalidad, supone un antecedente peligrosísimo y es una auténtica barbaridad.
El catálogo de exclusiones del separatismo es amplio. En Cataluña se discrimina por el origen, el lugar de procedencia, el idioma, las ideas. Y ahora también por ser policía nacional o guardia civil. Con los jueces y fiscales maniatados por el Gobierno, el separatismo goza de absoluta impunidad.