Como entra uno en un bar o baja al metro y no oye otro tema de conversación que el de la reforma de la Constitución, según pregonaban este lunes El País y La Vanguardia de Junqueras y Puigdemont, no queda más remedio que referirse al apasionante asunto, materia que en el primero de los citados diarios abordaban en el editorial con este originalísimo título: "El día de la marmota". Tal alarde de creatividad es otro motivo para encarar la cuestión de la reforma. Igual que el argumento del diario barcelonés que más apoyo ha prestado al proceso separatista alusivo a que modificar la Constitución es indispensable para frenar el descrédito de la democracia. Lástima que el descrédito de ese periódico y el de Javier Godó no tengan ya remedio.
El caso es que tanto el panfleto como el libelo entienden que la reforma del Título VIII de la Constitución es indispensable para "armonizar" las reivindicaciones de Cataluña (esa confusión de la parte con el todo que se lleva ejerciendo desde los albores de la Transición) con el texto de la Carta Magna. Claro que de entrada no van tan a saco. Al igual que los exhibicionistas a la puerta de un colegio, enseñan primero lo que les conviene, que es que en la Constitución prevalece el varón en la línea sucesoria de la Corona o que se llama "disminuidos" a las personas con discapacidad. Y tras esos cromos y caramelos viene la parte dura, ese Título VIII que contiene el artículo 155 y otros tales como que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales", que "todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado" y que "ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español".
Se trataría de eliminar aquellos corsés que incomodan a los separatistas catalanes, premiar el golpe de Estado con el propósito de aplacar las ínfulas secesionistas (un empeño melancólico), ceder otra vez ante las amenazas y mentiras del catalanismo. Dar la razón, en suma, a quienes no tienen miramientos a la hora de pisotear los derechos y libertades de más de la mitad de la población catalana.
No se conforman los separatistas y sus patrocinadores con que los artículos anteriormente citados no se cumplan en absoluto, lo que permite la fiscalidad discriminatoria del País Vasco y Navarra, que los españoles no tengan los mismos derechos en cualquier parte de España o que la Generalidad establezca trabas a la libertad de circulación y el establecimiento de las personas con sus leyes lingüísticas.
A los separatistas también les molesta mucho que sea competencia exclusiva del Estado la autorización de consultas populares por vía de referéndum, de modo que necesitan desarmar la Ley Fundamental para que sus planes no acarreen consecuencias penales, aunque sean tan leves como una corta temporada en cárceles catalanes dirigidas por sus subordinados.
Se trata de desmontar la Constitución para volverla a montar al gusto de Rufián, Otegi y la casta podemita. Y para ello nada mejor que extender la teoría de que los españoles se paran en las esquinas angustiados porque los alemanes han reformado su Constitución sesenta veces en cuarenta años y nosotros sólo dos. Lo dicen los mismos periódicos que no han dado ni una línea sobre el acoso que sufre una familia de Canet de Mar por haber pedido la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 25% de español en las aulas.
Visto el caso, de lo que se trataría no es de reformar la Constitución, sino de que se cumpla para evitar la flagrante vulneración de derechos de ese niño y de sus padres. Pero no, no van por ahí los tiros de El País y La Vanguardia del procés.