Barcelona se hunde en la miseria. El deterioro es cada vez más rápido y peligroso. No hay ley, no hay orden, no hay autoridad y sin todo eso tampoco hay libertad. Los actos incívicos, delictivos y vandálicos están a la orden del día. La noche del pasado viernes, durante las fiestas de La Merced, hubo más de una veintena de apuñalados en la concentración masiva de la Plaza de España. Cuarenta mil adolescentes y jóvenes se dieron cita en el enclave sin adoptar ninguna de las medidas de seguridad ante el coronavirus, mientras Ada Colau y Pere Aragonès imponen severas restricciones al ocio nocturno porque lo dicen unos médicos que se han convertido en los responsables del orden público y la moral en Cataluña.
La consecuencia directa de que las discotecas y bares nocturnos no puedan abrir con una cierta normalidad por el capricho de unos políticos inútiles e irresponsables es que toda Barcelona se ha convertido en una macrodiscoteca, con los mingitorios en los portales de las viviendas y en la que un día el desmadre es en la playa, al siguiente en una plaza y al otro en un parque, un descampado o un patio de manzana.
A la incompetente Colau la ciudad se la ido de las manos y Pere Aragonès mira para Cerdeña. Ellos son la destilación perfeccionada de inútiles como Xavier Trias y de delincuentes como Jordi Pujol, lo que unido al elemento izquierda nacionalista tiene efectos letales.
Barcelona se descompone, se desmorona, se hunde en la inmundicia, plagada de basura, narcopisos, carteristas, tironeros, violadores, navajeros y unos políticos de risa, los primeros en ciscarse en el principio de autoridad hasta que alguien les explica que ellos son la autoridad, responsables por tanto de los saqueos a los comercios, de los coches quemados, de los daños en el mobiliario urbano, de los acuchillados en reyertas a machetazo limpio.
En tiempos del alcalde Trias, el Ayuntamiento premió un documental titulado Ciutat morta que era un alegato en contra de la Guardia Urbana y a favor de individuos de la calaña de Rodrigo Lanza, condenado por dejar tetrapléjico al agente Juan José Salas, que intervenía en el desalojo de una fiesta okupa el 4 de febrero de 2006, y por el asesinato de Víctor Laínez en Zaragoza en diciembre de 2017.
En aquellos tiempos de Ciutat morta, gentes como Colau, Jaume Asens y Gerardo Pisarello se preparaban para el asalto al poder municipal defendiendo a Lanza y acusando sin pruebas a la Guardia Urbana de connivencia con el narcotráfico y el proxenetismo. La tarea de desprestigio fue un éxito rotundo y Ada Colau acabaría de alcaldesa. Una de sus primeras providencias fue eliminar la sección antidisturbios de la Guardia Urbana. Quería que los agentes municipales se limitaran a poner multas de tráfico y se olvidaran de la seguridad ciudadana, propósito que consiguió a la vez que reducía la plantilla.
Los efectos de esas políticas son obvios. Al tiempo, el nacionalismo se embarcó en un proceso entre cuyas principales víctimas se encuentran los principios de legalidad, autoridad y seguridad. Una combinación explosiva. La alcaldesa okupa y separatistas como Laura Borràs, que mientras ardía una comisaría de los Mossos en Vich se fue a visitar y apoyar al delincuente Pablo Hasel a la prisión de Lérida. Lo decía el superado concejal de la Guardia Urbana de Barcelona, Albert Batlle, quien también ponía como ejemplo al expresidente de la Generalidad, Quim Torra, cortando carreteras. Sí, el mismo que les pedía a los violentos de los Comités de Defensa de la República que apretaran.
La parte positiva para el periodismo es que no siempre se tiene la posibilidad de contemplar en directo y a cámara rápida la fase final del galopante deterioro de una sociedad en la que auténticos chorizos y delincuentes han estado al frente de las principales instituciones.