Cada vez que un miembro del Gobierno en funciones abre la boca, aumentan las posibilidades de que Bélgica rechace la extradición de Puigdemont. Acaba de suceder con el Reino Unido, que se niega a tramitar la extradición de Clara Ponsatí, exconsejera de Educación. ¿Qué dirá ahora la vicepresidenta Carmen Calvo? ¿Con qué represalias amenazará a la Gran Bretaña? Ella, que con tanta soberbia advirtió a Bélgica de "graves consecuencias" si no se avenían a extraditar al expresidente autonómico prófugo. Oh, qué miedo, mira cómo tiemblo, dijo para sí la primera ministra Sophie Wilmès.
Pedro Sánchez acaba de meter la pata hasta el corvejón a cuenta de la cada vez más complicada extradición de Puigdemont. En un alarde sin precedentes de ignorancia y fatuidad, se ha jactado de que traerá de regreso al fugado gracias a su manejo del Ministerio Público. Hay que ser incompetente y desconocer por completo la Constitución para afirmar primero que la Fiscalía depende del Gobierno y después que con la Fiscalía conseguirá el retorno del fugitivo.
Dicen que Sánchez está cansado. Puede. Él sabrá de qué y por qué. Pero estar cansado no exime de ignorar que la Fiscalía es Poder Judicial, un órgano independiente, no una herramienta del Gobierno como la Abogacía del Estado. ¿O es que no se acuerda el presidente en funciones de que el Ministerio Público se negó a rebajar su acusación de rebelión a sedición en el caso del golpe de Estado?
Además de cansado, Sánchez parece un tanto desquiciado con Cataluña, asunto en el que no da pie con bola. Parecía imposible empeorar la actuación en la materia del Ejecutivo de Rajoy y Sáenz de Santamaría, pero el actual Gobierno lo está logrando con creces.
La negativa del Reino Unido a extraditar a Ponsatí, como en su día la de Alemania a repatriar a Puigdemont, es la demostración pura y dura de que el Gobierno ha perdido la batalla de la propaganda frente a los publicistas del separatismo, que han sabido actualizar la Leyenda Negra. Y los graves disturbios en Cataluña tras la benigna sentencia del Tribunal Supremo han dejado en evidencia al Gobierno, cuya respuesta a la violencia se ha limitado a no atender las llamadas de teléfono de Torra en vez de aplicar al president pirómano todo el peso de la Constitución.
Sánchez no se aclara, es duro de palabra pero blando de obra y vive pendiente de las encuestas y del espejo, incapaz de actuar en consecuencia ante los ataques separatistas al Estado de Derecho, preso de una verborrea grandilocuente que esconde una insuficiencia mayúscula y una ignorancia abisal también en la cuestión catalana. Quiere trincar a Puigdemont y es incapaz de meter en vereda a Torra; se fía más de lo que le dicen Redondo y Tezanos que de lo que dice la Constitución y pretende sofocar la insurrección independentista con un ministro de Interior que considera que los disturbios solo son un problema de orden público, como los carteristas del metro.
En este marasmo, sólo el Rey está a la altura de las circunstancias. "Ni la violencia ni la intolerancia pueden tener cabida en Cataluña", dijo Felipe VI después de que las turbas de Torra y Puigdemont agredieran a decenas de invitados a la gala de los Premios Princesa de Gerona en Barcelona. Pero Sánchez, más canelo que Mariano, no copia el mensaje y Torra sigue tan pancho en su cargo, dando ánimos a los Comités de Defensa de la República (CDR) y recibiendo instrucciones de Puigdemont.