Se sabe que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es capaz de pactar con quien sea menester para lograr y mantener el poder. Y, en un inesperado giro de guion, el inquilino de la Moncloa ha pedido ayuda al PP para aprobar en el Congreso el "Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania", según el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de marzo.
Que Sánchez pida socorro a Alberto Núñez Feijóo, candidato natural a sucederle, muestra hasta qué punto está necesitado de árnica. Los separatistas catalanes y vascos sobre los que se sustenta han recurrido al chantaje por el denominado caso Pegasus, montaje separatista sobre un supuesto espionaje masivo contra el independentismo que en el hipotético caso de ser cierto merecería un aplauso generalizado.
No sería la primera vez que el PP acude al rescate del Gobierno en esta legislatura. He ahí el caso Casero, el atrabiliario voto de un diputado conservador que permitió la derogación de la reforma laboral del último Ejecutivo del PP. Aquella votación coincidió con la inmolación de Casado y Teodoro. Fue un momento estelar al modo de Stefan Zweig, el punto culminante de la autodestrucción del penúltimo presidente del PP y su secretario general. Casero era el Señor Lobo de García Egea y la confluencia de tal personal explica la efímera trayectoria de ambos junto a Casado al frente del PP.
Pedir auxilio al PP debe ser para Sánchez algo así como una última opción a la desesperada. Si este jueves el Congreso rechaza el plan de Sánchez, deberán replantearse medidas ya en vigor, como la subvención estatal en la adquisición de carburantes. También afectaría al tope del gas para bajar la factura eléctrica, recién aprobado con notables retoques y notorios matices en la Unión Europea. En caso de varapalo al Gobierno por sus propios socios, la legislatura podría entrar en su fase terminal si el PP no vota con Sánchez, ya sean todos sus diputados o los Casero que hagan falta para salvar el "Plan". El año y medio que resta para la conclusión de la legislatura se va a hacer muy largo, si es que dicha legislatura se agota.
En las últimas horas se han registrado desesperadas intentonas socialistas para obtener el apoyo del "nuevo" PP. Alegan los contactos socialistas que está en juego la contención del recibo de la luz y, de rebote, el precio de los garbanzos. Claro, claro. Qué sería de la rebaja del combustible si la Esquerra de Rufián y el partido de Otegi votaran en contra del decreto ley del "Plan Nacional", advierten en el PSOE. Pero el problema está mal planteado. Para el PSOE no está en liza el precio de la gasolina, el diésel o el de la electricidad, sino la continuidad del Gobierno. De ahí que Sánchez haya llegado hasta el extremo de solicitar el concurso de la formación popular para sacar adelante sus parches.
A la mayoría de las personas sensatas y decentes les perece que pactar con separatistas y proetarras es lo peor y que no se puede caer más bajo, pero a Sánchez no. Cree, al contrario, que lo más miserable e ínfimo es recurrir al PP, formación que, a pesar de la acrisolada estupidez de sus principales dirigentes, ha tenido cierta influencia en los mejores momentos de la economía del país.
La desesperación sanchista es de tal calado que si ERC no apoya este jueves el proyecto económico del Gobierno para hacer frente a la crisis no se habrá acabado la legislatura. Sánchez va a apurar hasta el último día en la Moncloa. Opina que es su casa, que le pertenece en propiedad y no la va a dejar así como así. La intervención de los teléfonos móviles de medio centenar de separatistas, en el caso de que sea verdad, no es materia suficiente para tumbar un Gobierno. Cualquier persona dotada de un mínimo de sensibilidad nacional bendeciría ese espionaje, al mismo tiempo que no dejaría de preguntarse cómo es posible que el acceso al contenido de los móviles de los principales dirigentes golpistas no haya aportado material como para cancelar los indultos.
Se entiende que el prófugo Puigdemont quiera acabar con el Gobierno de Sánchez, pero resulta absolutamente inaudito que también quieran pasar de pantalla los indultados de ERC. Alegan en la formación de Rufián y Junqueras que Sánchez ha ido demasiado lejos. Inés Arrimadas ha recordado la propensión de los separatistas a espiar a los niños en los patios para saber si han adoptado la lengua catalana o mantienen el español (ellos dicen "castellano") en sus juegos escolares. Macarena Olona, de Vox, ha resaltado que se debería haber espiado más a los separatistas en caso de que realmente hayan sido espiados, toda vez que la vigilancia, poca o mucha, ha tenido unos resultados irrelevantes. La Generalidad dio un golpe de Estado y su presidente huyó en el maletero de un coche conducido por los Mossos d'Esquadra.
Casi cinco años después de la asonada, los condenados se pasean tranquilamente tras haber sido indultados por Sánchez, y los que se fugaron no sólo siguen en libertad sino que son eurodiputados. Y se quejan de que España es peor que Rusia, de que el Estado de Derecho es una quimera y de que "España nos espía", reedición del famoso "España nos roba". En la Rusia de Putin estarían muertos. En España, mandan. ¿No hay un punto intermedio?