Aún está por escribir la verdadera historia de los golpistas en las cárceles catalanas. Como es sabido, la Generalidad dispone de la competencia en materia de prisiones, que se ejerce a través de la Consejería de Justicia. Dicha consejería estaba en manos de ERC cuando los líderes separatistas condenados por el golpe de Estado de 2017 cumplían condena repartidos en tres prisiones de la región. Los hombres, en la cárcel de Lledoners, también llamada Gran Hotel Lledoners; Dolors Bassa, en un centro cercano a Figueras, Puig de les Basses, y Carme Forcadell, primero en Mas d'Enric, cerca de Tarragona, y después en la penitenciaría de mujeres barcelonesa de Wad-Ras.
En esas cárceles, directores y funcionarios de mayor rango dependían de la Consejería de Justicia, que es quien los nombra y los cesa. También dependen de tal departamento los miembros de las juntas de tratamiento, responsables de permisos y grados penitenciarios. Dada la estructura administrativa, el futuro de todas esas gentes estaba y está en manos en última instancia de lo que digan personajes como Oriol Junqueras (líder de ERC) o Jordi Sànchez, secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), que es el partido que dispone ahora de la Consejería de Justicia.
No es difícil inferir que si el director de la cárcel de Lledoners estaba a las órdenes de ERC, el partido de los expresos Junqueras y Romeva, estos debían de disfrutar de unas condiciones y unos privilegios que no estaban al alcance del común de los reclusos; es obvio que además disfrutaban de más permisos y que fueron calificados aptos para salir a trabajar fuera de la cárcel antes que otros presos. ¿Prevaricación? Y lo siguiente. Por no hablar de los indultos.
A pesar del contexto y el ambiente, el separatismo hizo de los golpistas presos una especie de héroes encerrados en lúgubres mazmorras a pan y agua. Como primera providencia, les concedió la etiqueta de presos políticos. Que esos supuestos presos políticos estuvieran en cárceles de la Generalidad no suponía para los separatistas ninguna contradicción. El mismo Quim Torra, que era el responsable último de los carceleros, el dueño de las llaves de las celdas, también era el primero en bramar por las esquinas exigiendo la libertad de sus colegas.
No debió de ser fácil para los funcionarios de prisiones lidiar con esos reclusos de tanto peso. El periodista independentista Quico Sallés refiere en el digital El Món una anécdota extraída de un libro de Jordi Cuixart (el que dice que lo volverá a hacer) sobre su estancia en prisión. Cuixart llega diez minutos tarde de un permiso y un funcionario muestra su malestar con el preso:
"Vuestra prisión es injusta, pero yo debo cumplir lo que dicen la ley y las órdenes", le echó en cara el funcionario. "¿Siempre?", respondió Cuixart. "Claro, siempre", replicó el funcionario. "¿Aunque consideres que la orden es injusta?", rebatió Cuixart. "Sí, siempre", concluyó el funcionario. "¿Y si la orden es que me tienes que matar?", insistió Cuixart.
Según relata Sallés, este peculiar personaje dice que en ese momento se hizo el silencio. Y añade el periodista:
Con este ejemplo, Cuixart quiere poner de manifiesto el poder de la protesta y la capacidad de transformación a través de la acción no violenta de desenmascarar la obediencia banal a las leyes que amordazan.
Es tan solo un ejemplo –y menor– de las estupideces, impertinencias y mamarrachadas que debieron aguantar los funcionarios de prisiones con los denominados "presos políticos". Indultados y en la calle desde el pasado junio, el caso de estos sujetos anima a los independentistas a preparar la siguiente asonada, toda vez que las consecuencias penales no son precisamente disuasorias. Para lo que no sirven ya los condenados por sedición y malversación es para mantener viva la movilización. Su peripecia no da más de sí. De ahí que el independentismo haya buscado otro banderín de enganche, otra batalla que librar contra la malvada España.
La nueva causa es la lengua, un asunto viejo pero que el separatismo retoma con nuevos bríos. El catalán son los nuevos presos políticos. Lo acaba de explicar la presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) en Crónica Global:
Lo que ocurre con la lengua catalana es que sustituye a los políticos presos. Antes se mantenía la tensión en el mundo nacionalista con el encarcelamiento de los políticos. Ahora que están en la calle, buscan una nueva forma de tener a su electorado activo y alerta. Gracias a ello se crea la falsa idea de que hay una emergencia lingüística sobre el catalán.
De ahí la supuesta encuesta sobre la caída del uso del catalán incluso entre el profesorado, sometido a un sistema de delaciones que hace imposible la más leve crítica hacia el sistema o el mínimo desistimiento.
El nuevo plan de choque, presentado por el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, un auténtico talibán nacionalista, no pretende reflotar el catalán en las escuelas, sino erradicar el español de las aulas. ¿Y qué ha pasado con la inmersión lingüística? ¿Acaso ha fracasado? Para el separatismo sigue siendo intocable, aunque de ser ciertos sus datos no habría conseguido el objetivo de que todos los niños hablen catalán todo el rato. Claro que al separatismo las contradicciones se la traen al pairo. Va a lo que va, la independencia de Cataluña, y todo lo demás importa poco o nada, por lo que no duda en pisotear los derechos del prójimo, en excluir, marginar y vejar a quienes no se someten a sus dictados identitarios del más puro y duro supremacismo. Y todo ello con la complicidad bovina del Gobierno de Sánchez, dispuesto a desentenderse por completo de la enseñanza en Cataluña.