Tras dejar en libertad a los golpistas presos, el presidente del Gobierno, sus ministros y el PSOE deberían abordar con urgencia las situaciones de los raperos Pablo Hásel y Valtònyc y del expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont. El primero, Hásel, cumple condena de prisión por enaltecimiento del terrorismo, agresiones varias y acumulación de antecedentes. El tipo es un máquina. Ahora está un poco olvidado, pero cuando lo metieron en la trena el independentismo montó un espectáculo de terrorismo callejero que no tenía nada que envidiar a los sucesos posteriores a la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, esa que ahora mismo es papel meado.
Hásel no es exactamente de los suyos, de los separatistas, pero en TV3, la telebasura supremacista que pagan todos los catalanes para solaz exclusivo de los lazis, le dieron extraordinaria cobertura al mozo por aquello de demostrar las maldades del Estado, capaz de meter en la cárcel a un cantante. ¿Un cantante? Sí, menudo cantante, igual que su compinche Valtònyc, el otro rapero que hace de mascota de Puigdemont en Bruselas.
Hablando del expresidente prófugo, no deja de ser una injusticia que Junqueras se pasee ya por la calles libre de toda carga mientras que Puigdemont, que a diferencia del líder de ERC quería convocar elecciones y evitar la proclamación de independencia, vague sin rumbo por el Parlamento europeo. Cierto es que se escapó escondido en el maletero de un coche, que disfruta de un casoplón en Waterloo al que llama "Casa de la República" para que se lo pague el pueblo, que a su señora la tiene a sueldo la diputación socialista de Barcelona y que el domicilio conyugal en Gerona está permanentemente protegido por los Mossos d'Esquadra. Es más, el tipo, que es un prófugo de la justicia, tiene reconocidos todos los derechos y regalías de su condición de expresidente regional de un Estado autonómico contra el que lucha con denuedo.
A pesar de las peculiares circunstancias de Puigdemont o precisamente por ello, Sánchez debería favorecer su regreso a España cuanto antes. Es verdad que no está en manos del presidente del Gobierno tumbar la orden de detención, pero sí el convertir el delito de sedición en algo así como el hurto de un paquete de chopped en el súper. Claro que aún quedaría el temita de la malversación, así que lo mejor sería que acepte la amnistía que exigen los independentistas y culmine así una de la mayores felonías de la historia de España. Seguro que Iván Redondo se lo ha dicho ya. Este tipo de cosas es mejor hacerlas de golpe, como un golpe de Estado.