Primero, lo alarmante. Va la Junta de Andalucía y filtra, o le filtran, un informe que dice que una hipotética ola gigante de un máximo de 12 metros causada por un maremoto sólo tardaría una hora o menos, 45 minutos, en llegar a la costa atlántica de Huelva y Cádiz originando una inundación que duraría en retroceder.
Recoge El Mundo el informe elaborado para sustentar el Plan de Contingencia de maremotos que ha estudiado el Consejo de Gobierno que, muy especialmente, entre Conil de la Frontera y el Cabo de Trafalgar, casi vecinos gaditanos, las olas podrían llegar a los 12 metros. Sin embargo, hasta 22 pueblos costeros de Huelva y Cádiz, desde Ayamonte a Tarifa, se verían afectados por olas gigantes con una hora como tiempo máximo para reaccionar.
Menos tiempo de reacción habrá en la costa mediterránea que se calcula entre los 20 y los 30 minutos si bien la altura de las olas no superaría los 5 metros y el retroceso de las mismas sería más rápido.
¿Por qué generar esta inquietud cuando aún no están terminados los estudios de detalle y cuando la propia Junta descarta toda previsión de maremotos? Porque se quiere hacer un simulacro en las provincias de Huelva y Cádiz con participación del 112, del Grupo de Emergencias, bomberos, Guardia Civil, policía local y autonómica, 061 y Cruz Roja. Andalucía estaría así a la cabeza de España en previsión de este tipo de catástrofes.
El marínmoto interno de Ciudadanos
Informa la agencia EFE que hay marínmoto en Ciudadanos, que tras los últimos golpes de mano de Juan Marín, su líder andaluz, parecían conjurados La corriente crítica surgida inesperadamente, Renew Andalucía, pide elecciones primarias ya y el apoyo a una candidatura encabezada por la consejera Rocío Ruiz, enfrentada a Marín desde el comienzo de la legislatura, y el diputado Fran Carrillo, ex portavoz parlamentario.
Desde su plataforma en Twitter, sus impulsores, desconocidos y extraoficiales, aseguran que Juan Marín "no es el candidato adecuado para garantizar la resistencia del proyecto liberal que representa Ciudadanos". Por ello, "los afiliados deben elegir quien liderará la candidatura y por tanto las primarias deben estar fuera de cuestión y realizarse ya"
¿Por qué propiciar una candidatura conjunta de Ruiz y Carrillo? Porque por separado no ven claro que pueda ganarse a Marín. "Renew Andalucía" pide a Inés Arrimadas que convoque ya las elecciones primarias para decidir el liderazgo, algo que indica que el temor a unas elecciones anticipadas ha llegado asimismo a sectores de Ciudadanos. Según la plataforma, se cuenta con el apoyo de Sergio Moreno, ex portavoz parlamentario de Ciudadanos.
El Covidmoto
Ha sido originado por las declaraciones del propio Juan Marín al considerar que hay una "trampa" oculta en la forma en que el dinero de los fondos para aliviar la crisis causada por la pandemia. Según ambos, Sánchez ha impuesto condiciones para las ayudas a las empresas que hacen imposible su cumplimiento y trata de obligar a la Junta a que devuelva el dinero no ejecutado.
Esas condiciones han hecho que, calcula ABC, sólo 12.000 de las 400.000 solicitudes previstas se hayan tramitado y, por tanto, que sólo 275 millones de los 1.109 adjudicados a Andalucía hayan podido ejecutarse. La explicación esta en el decreto del gobierno de Sánchez que impone criterios muy estrictos y poco inteligibles, un "infierno administrativo" según lo bautizó la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que afecta a todas las Comunidades Autónomas.
Juan Marín lo llama "laberinto burocrático" pero lo califica como una estrategia planeada por el gobierno de Pedro Sánchez para que las Comunidades devuelvan al Estado la mayoría del dinero concedido sin haber podido concretar en ayudas. En su mitin de Jaén del pasado fin de semana, Sánchez acusó a la Junta de no haber empleado más que 50 de los 1.109 millones en ayudar a empresas y el PSOE andaluz ya exige la devolución del dinero no ejecutado.
Marín llama "decreto trampa" al originado en el ministerio de Nadia Calviño aunque centró sus críticas en Sánchez y María Jesús Montero. "Es imposible que los empresarios en este país cumplan las normas que se han establecido porque se establecieron unas normas para que no pudieran cumplir y poderse quedar con 3.500 millones –la mitad del fondo de 7.000 millones– que se lo va a reembolsar la señora Montero para seguir pagando favores políticos», dijo ayer Marín.
De hecho, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, encargada de su gestión, ha ampliado ya dos veces el plazo abierto en junio para solicitar estos fondos. Seguramente no se podrán conceder todas las ayudas necesarias y salen perjudicados especialmente las empresas que cumplen la legalidad.
El impagomoto
De eso se acusaba a los gobiernos del PSOE y fue origen no pocas veces de casos de corrupción, muy especialmente en el caso del fraude de la formación y del caso UGT. Pero el Gobierno andaluz, destaca a toda página El Mundo, no sólo va a impedir que los Ayuntamientos que deben dinero queden excluidos de los fondos de Next Generation de la Unión Europea.
Además, por la vía del decreto ley que quiere modificar la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, se va a permitir que las corporaciones, las empresas o personas físicas con deudas aplazadas o fraccionadas vigentes puedan seguir recibiendo subvenciones. O sea, todos podrán impagar sus deudas con la Junta sin que por ello dejen de recibir nuevas ayudas, como ya hizo en el caso UGT con escándalo mayúsculo.
Cree El Mundo que "este cambio legal va un paso más allá del que dio la Junta con la federación andaluza de UGT a finales del año pasado, cuando la Consejería de Empleo le otorgó una subvención de 546.108,07 euros, a pesar de que, a la vez, le está reclamando la devolución de unos 40 millones de euros" por subvenciones que no justificó y que salieron a la luz con motivo del caso del fraude de la formación y el caso de sus facturas falsas.
Según Juan Marín, la medida se justifica por la situación generada por la pandemia porque entidades públicas y privadas no pueden pagar a Hacienda o sus deudas judiciales con la Junta. Por ello, y para que accedan a los fondos europeos, se aplazarán y fraccionarán los pagos pendientes (hasta en 15 años en el caso de los Ayuntamientos) y también en el caso de empresas y entidades privadas. Sustituye la norma a la que exigía estar al día de justificaciones de uso de las subvenciones y de las deudas para acceder a todo tipo de nuevas subvenciones.