Récord absoluto en estas olimpiadas de la corrupción que vive España, salvo que el caso Pujol nos desmienta, que es posible, el caso ERE es la cima de esta escalada que comenzó con la toma del poder de las estructuras y dineros del Estado por los partidos políticos desarrollando a su manera los preceptos constitucionales.
El caso ERE sobresale muy por encima del caso Malaya. Desde su altura, ni siquiera se avistan casos como el conocido como Gürtel, e incluso el caso de los sobresueldos y Bárcenas. Lo de Rita Barberá y el PP de Valencia, en caso de confirmarse los indicios que han terminado en imputaciones, es una migaja de 50.000 euros a repartir entre 50. Cierto que las comparaciones son odiosas y que nuestro "y tú más" político no tiene sentido moral, pero, como la dialéctica marxista recoge en una de sus leyes que lo cuantitativo tiene consecuencias cualitativas, pues eso.
El caso ERE es el campeón por tres razones. Primero, por el montante. Más de 800 millones de euros irregularmente utilizados y algunos de ellos, perdidos, muchísimo más dinero que todos los casos de todos los demás partidos juntos (con la excepción presunta de la familia Pujol como se ha dicho).
Segundo por la calidad del dinero, público en su integridad en este caso. En otros casos mencionados el dinero en litigio era dinero privado o propio del partido, se blanqueara, se sobresueldeara o lo que fuera. En el caso ERE, ha sido el dinero de todos los españoles el que se ha malversado, aun presuntamente, para contribuir a la estructura de poder de un partido, beneficiando a los partidarios y perjudicando a todos los demás.
Por último, el caso ERE es consecuencia de una organización, de una trama de una tela de araña a la que se conoce en Andalucía como "el régimen", una estructura de dominio que comenzó en 1982 cuando, ganadas legítimamente las elecciones democráticas en España y Andalucía, el PSOE aplicó su vieja creencia de que la democracia constitucional era un instrumento formal que había que utilizar para beneficio de la causa, esto es, de la organización del partido.
Un régimen que se ha fraguado de las Cajas de Ahorro a la administración autonómica y municipal (de 1982 a 1990 no hubo más que una discutible oposición para entrar en la Junta ni existió control de las cuentas públicas); de Canal Sur a la educación (la inspección "socialista" es temida como a una KGB); de la sanidad (la estructura gerencial casi al completo está penetrada por el PSOE) al control absoluto de las empresas públicas y su "administración paralela"; o la arbitrariedad más injusta en cuanto a subvenciones y publicidad institucional, etc…
Por ello, el juicio que comenzará probablemente en los primeros meses de 2017, será el procesamiento del régimen instaurado por el PSOE en el Sur desde hace 34 años, régimen que ha impedido, porque ese era su fin, la alternancia democrática, considerada como se sabe la regla de oro de toda democracia. Esto es, sustancialmente, el régimen que Ciudadanos ha apoyado sin apenas exigencias.
Aun siendo como es, meramente, el enjuiciamiento de uno de los hilos de esta gigantesca tela de araña y de un subcaso, la trama política, dentro de la pieza judicial de los ERE, estamos ante el imponente numero de 276 imputados, entre ellos y en este momento, dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; seis ex consejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Gaspar Zarrias y Magdalena Álvarez y el resto hasta 26, entre viceconsejeros, directores generales y directivos de empresas públicas.
Ni que decir tiene que estamos ante un caso histórico porque, y se olvida demasiado, entre los procesados hay dos presidentes nacionales del PSOE, Chaves y Griñán, pero asimismo hay un exvicepresidente del gobierno de España (Chaves) y tres exministros (el propio Chaves, Griñán y Magdalena Álvarez). La verdad es que Mariano Rajoy ni siquiera está imputado.
La Fiscalía ha debido asumir lo que inicialmente fue la tesis de una juez, Mercedes Alaya, y acusar de malversación a 18 ex altos cargos ampliando hasta 26 la acusación de prevaricación. Todos los acusados de malversación lo están asimismo de prevaricación. Por ejemplo, Griñán, Viera, Vallejo, Martínez Aguayo y Fernández. Hay ocho ex altos cargos sobre los que recae únicamente la acusación de prevaricación como, entre otros, Chaves, Maleni y Zarrias.
Por penas, la Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de prisión para los ex consejeros Viera, Fernández y Vallejo y 9 ex altos cargos más. Sobre Griñán y 5 más cae la petición de 6 años de cárcel. Para todos ellos, se piden 20 años de inhabilitación. Para Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, entre otros, el fiscal solicita 10 años de inhabilitación.
Entre todos los acusados de malversación deberían devolver solidariamente, y da la risa, 742' 3 millones. Por destacar un caso, Griñán, individualmente, por los presuntos delitos cometidos desde 2005 a 2010, debe devolver alrededor de 43 millones de euros, aunque podría ser una cantidad menor a tenor de lo que haya recuperado la Junta de los fraudes comprobados.
Con esto no se acaba el horizonte judicial del PSOE andaluz que se cierne como una bicha sobre las próximas elecciones de diciembre si llegan a celebrarse. Se calcula, procesos en mano, que hay más de 600 investigados en diversos frentes y se sospecha del destino de más de 4.300 millones de euros.
En el caso del fraude de la formación -del que se ha anunciado desde el juzgado que rige la sustituta de la juez Alaya, María Núñez Bolaños, que iba a ser archivado contra el criterio de su antecesora -, hay 18 procedimientos abiertos con 3.000 millones en el aire sin justificar y sin saberse a dónde han ido y cómo se han usado. En el caso, hay otros cuatro exconsejeros de la Junta imputados: Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio, todos ellos consejeros de Empleo entre 2004 y 2013. Falta el cuarto, el exconsejero de Hacienda entre 1987 y 1990, Ángel Ojeda, quien obtuvo de la Junta más de 50 millones.
En el caso Invercaria, hay 30 imputados de la empresa pública de la Junta y un dinero indeterminado malversado y, casi siempre, perdido. Sólo en el subcaso Jeremie-Invercaria, se ciernen irregularidades sobre el uso de 185 millones. En el caso Avales, hay 65 millones en juego y el exconsejero Martín Soler y varios ex altos cargos de la Junta investigados.
Otros casos son el caso Marismas, donde se pagaron 40 millones de euros por obras no ejecutadas en su totalidad y falsamente certificadas donde hay imputados seis ex altos cargos de la Consejería de Agricultura y varios empresarios y regantes.
Facturas falsas
En el caso Facturas Falsas de UGT, del que Libertad Digital informó en exclusiva rigurosa, hay dos ex secretarios generales de la UGT-Andalucía investigados y un exalcalde de Sevilla, el socialista Manuel del Valle, implicado. En el caso de las Unidades Territoriales de Empleo, que controlaban la formación y los empleos en amplias zonas, especialmente rurales, hay 7 ex altos cargos de la Junta y el exconsejero Antonio Ávila investigados. Y en el caso Bahía Competitiva, de Cádiz, 21 millones volatilizados y ex altos cargos de la Junta y familiares del famoso clan de Alcalá del PSOE gaditano, implicados.
Este panorama extingue definitivamente el discurso de la indecencia del adversario, utilizado especialmente por Pedro Sánchez, también aunque más moderadamente por Susana Díaz y el PSOE y por el PP, entre otros, y obliga a todos ellos a proponerse una refundación nacional donde la ética de la convicción, no sólo la de la responsabilidad, tenga cabida.
Si levantamos la vista y observamos el panorama nacional, con varios partidos implicados en sucesivos casos de corrupción y escándalos, desde el PP a la ex Convergencia de Pujol pasando por Podemos, cuyo crecimiento deriva de este clima, puede coincidirse en que España, si quiere seguir siendo una nación que merezca la pena, debe aprovechar los grandes logros de su imperfecta democracia y corregir un rumbo errado y errante que cultiva la exasperación y el pesimismo de sus ciudadanos. Es toda España la que necesita una refundación democrática desde la justicia a la educación, desde la empresa a la administración pública, porque la corrupción no es privativa de los políticos.
Para conseguirlo, lo primero es que algunos políticos piensen seriamente en retirarse por el bien de la nación. Me refiero a Pedro Sánchez y a Susana Díaz –es la representante y heredera del tinglado andaluz–, y, también y cómo no, a Mariano Rajoy. Podría seguir y seguir, pero creo que se entiende.