Se han cumplido 30 años desde que estallara el caso Juan Guerra, probablemente el primer caso de corrupción socialista con repercusión nacional e internacional, que se llevó por delante al mismísimo Alfonso Guerra. El día 3 de enero de 1990, el periodista Antonio Castro publicaba en ABC una información obtenida en el Centro Democrático y Social, partido de Adolfo Suárez, sobre los negocios urbanísticos del hermanísimo en Barbate (Cádiz). El día 7 de enero de 1990, quien firma esta columna entrevistaba al entonces alcalde socialista de Barbate, Serafín Núñez, quien admitió la intermediación del hermano de Alfonso Guerra en una operación urbanística sobre 199 hectáreas de terreno, de las que 69 pertenecían a Barbate y el resto al Ministerio de Defensa. Poco antes, el socialista José Cabrera Bazán, que fue consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, había intentado una operación semejante asesorando a la empresa inglesa Pannell Kerr Forster.
No era el primer caso de corrupción de un PSOE que, desde lo de Flick y Flock a los enjuagues de la limpieza en el Madrid de Tierno Galván y desde los vericuetos del caso del edificio Presidente en Andalucía a los borrados de préstamos de la Caja de Ahorro de Jerez por parte de Manuel Chaves y 32 socialistas más de la provincia de Cádiz, entre ellos el propio Serafín Núñez, ya había mostrado su escaso respeto por la limpieza de los procedimientos. Pero fue el más sonado por la estatura política de quien fue víctima de las asechanzas del felipismo, que aprovechó el escándalo para liquidar el poder de Alfonso Guerra.
Pero cuando en 2004 la nueva generación socialista encabezada por José Luis Rodríguez Zapatero instrumentó el atentado más grave de la historia de Europa contra el Gobierno legítimo, obteniendo así una victoria electoral inesperada, se dio paso a la felonía, que se define como "deslealtad, traición y acción fea", contra la Constitución de 1978, aprobada por el voto inmensamente mayoritario de todos los españoles. Se comenzó obstaculizando la investigación del atentado, se bailó luego con los lobos de ETA y se prometió el poder y la gloria a los separatistas catalanes, conduciendo a España a la mayor ruina económica recordada de la democracia. Lo que ocurrió ayer en el Congreso es la consecuencia final de la estrategia felona de un PSOE que ya no tiene futuro.
De la inolvidable infamia nacional de ayer en las Cortes, sólo quiero recordar cómo la asesina ETA, con 853 ejecuciones de víctimas, entre las que hubo socialistas, ahora disfrazada de Bildu, refregaba a un Pedro Sánchez que implora sus votos que de lo que se trata es de acabar con la Constitución de 1978, que incluye la monarquía constitucional, y de dar plena independencia a las naciones gallega, vasco-navarra y catalana. "Sin nuestros votos y sin atender las demandas de nuestras naciones no hay ni habrá Gobiernos de progreso… Sin aplicar la agenda democratizadora del soberanismo no se romperá con la herencia del dictador". Y Pedro Sánchez calló, otra memorable felonía, junto a una andaluza, Carmen Calvo, que silencia la humillación que los andaluces y los demás españoles sufren de los separatismos vasco y catalán.
No queda más que la resistencia democrática española coordinada por una sociedad civil activa que dé paso a la reacción nacional que necesitamos ante tamaña felonía. Debería comenzar por un acto nacional de desagravio a la Constitución y al rey Felipe VI, que denunció con claridad el golpe de Estado no soñado que estaba comenzando en Cataluña. Estamos asistiendo al infame espectáculo en el que unas minorías favorecidas por unas leyes estúpidas aniquilan a la inmensa mayoría nacional. No queda otra cosa que devolver la soberanía nacional a la mayoría de los españoles. O eso, o el fin de la Nación y de la democracia. ¿Qué tal el 2 de mayo, por poner una fecha?