Es lo primero que se viene a la cabeza cuando se observa lo poco que se va conociendo de la sentencia del caso ERE, uno de los más importantes de la historia reciente de España y que pasa ya a la gran historia de la España democrática como la condena a un modo de gobernar durante muchos años en Andalucía, al margen de la ley y de un modo sectario e irregular al servicio del PSOE y sus amigos o aliados sindicales.
La juez Mercedes Alaya ya vio cómo, a pesar de los ataques perpetrados desde el PSOE e incluso desde el propio Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía – de la Junta de Andalucía ya ni hablamos porque fue escarnecedora sistemática -, el Tribunal Supremo admitía su tesis de la organización jerárquica de la trama, que nosotros hemos llamado en general "tela de araña".
Ahora, la sentencia, no sólo comparte su tesis de la organización jerárquica y consciente de la ilegalidad cometida, sino que completa su acusación general de prevaricación continuada con la de malversación continuada de caudales público sobre la que el Tribunal Supremo dudó debido a que sólo tenía datos indiciarios muy preliminares.
Tras la sentencia, la juez Alaya e igualmente la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla pueden estar satisfechos de haber prestado un gran servicio a la comunidad andaluza y a la nación española. También ha resultado de valor extraordinario el gran nivel técnico de los peritos de la Intervención General del Estado solicitados por la juez Alaya. Tanto es así todo que en la sentencia apenas se han rebajado las penas solicitadas por la Fiscalía y la acusación particular.
Sólo se ha permitido el Tribunal de la sección primera de la Audiencia absolver a Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta, que quien fue quien denunció repetidamente los hechos y emitió asta 15 informes de advertencia, pero que la juez Alaya consideró no había sido suficientemente contundente en su actuación para frenar las irregularidades. Igualmente, cabe resaltar la absolución de Francisco del Río.
Con esta sentencia, y a la espera del resultado de los recursos que puedan interponerse en el Tribunal Supremo, queda descartada la teoría de los "cuatro golfos" esbozada por Chaves y Griñán. Para el primero, que fue quien la destacó, ha quedado claro que fueron ilegales los procedimientos confeccionados ad hoc durante su mandato. Para el segundo, aquello de que fueron "algunos reptiles usando de un fondo legal "y no un "fondo de reptiles, ha resultado ser un cuento sin recorrido.
Del resto de 19 encausados, todos ellos han sido condenados por cuanto se ha demostrado la eficacia de la instrucción de la juez Alaya y del juez Álvaro Martín, así como la precisión de sus consideraciones jurídicas.
Las consecuencias de esta sentencia van a ser muchas. El hecho esclarecedor para muchos españoles es que el PSOE ha adelantado con creces al PP, al que hizo capitán de la corrupción, porque las cantidades manejadas en uno y otro caso son extraordinariamente distintas y distantes. De unas decenas de millones de euros a casi 700 millones de euros, importe defraudado en el caso ERE, va todo un capital público de todos los andaluces.
El que Manuel Chaves y José Antonio Griñán no hayan sido sólo ex presidentes de la Junta de Andalucía, sino que hayan sido ex presidentes nacionales del PSOE, confiere una extraordinaria gravedad al caso porque, que se recuerde, nunca en la historia se dio antes tal caso. Incluso Francisco Largo Caballero fue absuelto de su participación, confesa y certificada, en el golpe de estado contra la República en 1934.
Igualmente, todos los condenados no eran sólo el "engranaje" de la Junta sino el engranaje del PSOE en Andalucía. Por poner sólo un ejemplo, José Antonio Viera fue durante años secretario provincial del PSOE de Sevilla y pieza clave de Alfredo Pérez Rubalcaba en su batalla contra Carme Chacón y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero no se olvide que José Antonio Griñán se alineó con Zapatero y Carme Chacón contra Pérez Rubalcaba.
Por ello, el resultado de esta sentencia afecta por igual a ambos sectores del PSOE. Susana Díaz, heredera del sector de Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán, que fue quien la encumbró a la secretaría general y a la Junta de Andalucía, tiene cada vez más contados los días de vida política oficial.
Pedro Sánchez, a pesar de sus preguntas a la militancia sobre su pacto con Podemos, le pone muy bajo el listón a los comunistas bolivarianos en cuanto que el desgaste de las acusaciones de corrupción llegará inevitablemente a toda la coalición. ¿Qué hará si el jefe de la oposición Pablo Casado le invita a marcharse de la presidencia como consecuencia de una corrupción de mucho mayor calado que la de Mariano Rajoy y el PP?
Pero Manuel Chaves y otros condenados, son piezas del sector del PSOE de siempre, del de Felipe González y el clan de la tortilla, que fue quien lo mandó al Sur en 1991 para sustituir a Alfonso Guerra al mando del socialismo andaluz, y del del clan de Alcalá de los Gazules. Pedro Sánchez, amigo de Zapatero, pero aliado objetivo del clan chavista en Andalucía, tampoco lo tiene fácil.
Tampoco salen airosos, y menos saldrán de ahora en adelante, los sindicatos "de clase", como se llaman a sí mismos, que están implicados de arriba abajo en el caso ERE, a lo que hay que añadir el caso UGT, desvelado en exclusiva por Libertad Digital.
Naturalmente, el nuevo gobierno andaluz recibe un espaldarazo judicial relevante y cercena de raíz toda tentación de Ciudadanos de volver a reincidir en su apoyo a un régimen que ha demostrado con esta sentencia su auténtico rostro.
Dos palabras finales para la juez María Núñez Bolaños, que, si ya se encontraba en un lugar tenebroso antes de la sentencia, ahora se encuentra personalmente desacreditada por sus evidencias de plagio en la tesis doctoral que le dirigió un delincuente y por su comportamiento, pendiente de enjuiciamiento profesional por parte del Consejo General del Poder Judicial.
En fin, aunque apresuradamente, esta es ya una sentencia para la historia judicial de España y para la historia de la democracia. Igualmente es una sentencia que constituye una oportunidad para un PSOE que nunca hizo su particular transición a la democracia y a la socialdemocracia y que ahora tiene la oportunidad de hacerlo.
¿Qué hubiera pasado si se hubiera conocido este fallo días antes de las elecciones generales?