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Pedro de Tena

La irregular gestión de la Alhambra o cómo cargarse el prestigio de un complejo histórico monumental

Este complejo lleva años sufriendo una pésima gestión que ha desembocado en una presencia continua en los tribunales por casos de corrupción.

Pedro de Tena
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Pedro de Tena - La irregular gestión de la Alhambra o cómo cargarse el prestigio de un complejo histórico monumental
Imagen panorámica de La Alhambra, en Granada

Lo último ha sido un garrafal fallo de seguridad en la página web del Patronato de la Alhambra y el Generalife, donde se compran las entradas por internet. Este Patronato es un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, de la Junta de Andalucía, creado por decreto de 19 de marzo de 1985. Pero no ha sido el primer escándalo. En realidad, este complejo lleva años sufriendo el desprestigio de una pésima gestión que ha desembocado en una presencia continua en los tribunales por casos de corrupción.

La Alhambra resultó muy perjudicada públicamente, entre otras cosas, porque la principal imputada desde 2015 era su ex directora María del Mar Villafranca, que había sido nombrada secretaria de Cultura de la Ejecutiva Federal del PSOE que dirigió el recientemente fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba. Fue, sin embargo, en 2005 cuando se detectó el fraude en sus entradas. Han pasado 14 años y la imagen de la Alhambra, el monumento más visitado de España, sigue afectada por los casos de corrupción posteriores que siguen en los tribunales.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife se encarga de todo lo que se refiera, afecte y se ejecute dentro de los límites de sus terrenos y aledaños. Por lo tanto, es el responsable de lo que ocurra dentro de los límites de este impresionante espacio histórico. Es más, la vinculación con la Junta de Andalucía es tal que el presidente de honor del Patronato es el presidente de la Junta de Andalucía y su presidente efectivo el titular de la Consejería de Cultura, aunque aún hoy, en su página web, aparezca "la Presidenta" en referencia a Susana Díaz. En él están representadas todas las administraciones públicas. En total, 22 miembros entre Junta, Ayuntamiento, Ministerio y Universidad.

El reciente fallo de seguridad parece haber dejado a merced de los piratas informáticos todos los datos personales, bancarios incluidos, de los millones de visitantes que tiene el monumento al año, 2,76 millones el pasado 2018. Pero no sólo son los visitantes de 2018 los que han podido ser perjudicados por el "agujero" sino que han sido afectados los visitantes del complejo granadino desde mediados de 2017. O sea, al menos 4 millones de personas.

Y no sólo a ellos, porque el boquete informático ha podido llegar a las agencias de viaje que, por cierto, ya habían denunciado el peligro que suponía el que, en mayo de 2018, se instaurara un sistema de entradas nominativas que suponía información de las 7.500 personas que diariamente tienen acceso al complejo nazarí. El sistema nominativo de entradas fue la solución de la Junta a los continuos fraudes y reventas que se han producido en los últimos años.

Pero este escándalo es el último de un rosario de corruptelas varias que han tenido a la Alhambra en los medios de comunicación, especialmente en sus secciones o noticias de tribunales. El procesamiento de María del Mar Villafranca, exdirectora de la Alhambra en la época de la presidencia de Susana Díaz, María Victoria Chamorro, ex secretaria general, y Manuel Visedo, administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías, fue su fase álgida.

Ahora, el juez del juzgado número 4 ha apreciado posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y blanqueo de capitales, por lo que transforma las diligencias en procedimiento abreviado. Sin embargo, el magistrado Antonio Moreno acordó el archivo de la causa para los cinco investigados restantes, el exjefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José María Visedo; un interventor; un empleado de la empresa adjudicataria del servicio, un funcionario y una jefa de sección.

¿Quién es María del Mar Villafranca? Una militante socialista. Se ha escrito que fue la entonces secretaria general de los socialistas granadinos, Teresa Jiménez, la que le comunicó que el desaparecido Alfredo Pérez Rubalcaba, a propuesta del hoy procesado en el caso ERE, José Antonio Griñán, quería hacerla nada menos que miembro de su Ejecutiva Nacional con el puesto de secretaria de Educación y Cultura. "Quién mejor que ella para hacer frente al ministro José Ignacio Wert, parece que le dijo Griñán a su nuevo secretario general, Rubalcaba", según contó El Mundo.

María del Mar Villafranca no era novata en el desempeño de importantes cargos públicos porque ya fue directora general de Bienes Culturales bajo la batuta de la actual vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, en su etapa de consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. La causa se abrió por las supuestas irregularidades cometidas en torno a la adjudicación del servicio de audioguía electrónica para uso de los visitantes individuales a la Alhambra, considerado el monumento más visitado de España, así como de un equipo receptor para los componentes de grupos organizados que accedían al recinto.

Aunque Villafranca ha defendido que en el Patronato de la Alhambra se ha trabajado siempre "con rigor" y aplicando la ley, y que tanto ella como el resto de investigados estaban sufriendo una "auténtica persecución", lo cierto es que hasta el PSOE se estuvo pensando su expulsión del partido. Villafranca tuvo que dimitir en 2015 y la propia la Junta de Andalucía regida por el PSOE ejerció la acusación particular en el caso.

No es el único caso que la afectaba porque también estaba investigada, junto a una veintena de personas, en otro procedimiento sobre supuestos fraudes en contrataciones en el Patronato de la Alhambra y el Generalife. Pero este asunto fue archivado el pasado mes de febrero por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada porque la decisión de considerarla causa de especial complejidad se tomó fuera de plazo según dictaminó la Audiencia de Granada y se declararon nulas casi todas las diligencias practicadas durante un año por ese motivo.

Una de las diligencias más espectaculares de lo que se llamó Operación Colina Roja II fue la detención de unas veinte personas entre gestores y trabajadores del monumento y de algunos empresarios vinculados a sus negocios y servicios. La mayoría de ellos fueron detenidos el 8 de mayo de 2017 y la Policía Nacional cifró entonces en cerca de siete millones de euros el importe defraudado por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos en el monumento desde 2007 hasta 2015, nada menos que ocho años.

Pero la corrupción descubierta en el ámbito de los gestores de la Alhambra fue anterior. Si nos atenemos a las fechas, fue en diciembre de 2005 cuando estalló el caso de la venta fraudulenta de entradas y se produjeron las primeras detenciones. Poco después, en enero de 2006, comenzaban las declaraciones por un presunto delito de estafa, entonces limitado a trabajadores del complejo y a algunos empresarios.

En 2008, un informe pericial dio a conocer que ascendía a 8 millones de euros el dinero defraudado y en 2009, se imputaba a personal de la federación hostelera. En octubre de 2011 se supo que cerca del 70% de los billetes del BBVA se vendió de forma irregular y en enero de 2012 se detectaba un desfase de 80.000 entradas que habían sido contabilizadas, pero no impresas.

En marzo de 2014, 8 años largos después, concluía aquella primera investigación con la imputación de 77 personas y dos agencias de viaje. Según la instrucción, habían cometido irregularidades que tuvieron como consecuencia que aumentara la ocupación del monumento y el beneficio de las agencias mientras descendía la recaudación real del patronato.

El fraude se detectó en todo el proceso de adquisición de las entradas, desde la reserva a la compra efectiva, en el control de acceso a las instalaciones, en la impresión y en fin de las visitas. Se dejaba pasar a grupos sin entradas, se inflaban los grupos o se modificaban los pases. Según el juez, se había demostrado gracias al informe de la Agencia Tributaria que determinadas agencias de viajes vendieron y facturaron entradas "sin haberlas comprado", siendo todo el importe de las entradas vendidas desviado a las empresas.

La ahora procesada, María del Mar Villafranca, declaraba entonces, en octubre de 2014, que el fraude nada tenía que ver con los gestores y defendía la colaboración de la Alhambra con la justicia indicando que "durante varios años" varios peritos habían analizado documentación del monumento y que el Patronato estaba tranquilo con su sistema público de gestión que consideraba "modélico".

A finales de 2014, el PP de Granada acusaba de "despilfarro" al Patronato de la Alhambra y el Generalife por la adquisición de una veintena de piezas por más de 250.000 euros, y solicitaba que el Ayuntamiento de Granada y el Estado formaran parte del control de cuentas en el monumento, para evitar que "se financien caprichos". La dirección de la Alhambra acusó al PP de extorsión por razones electorales.

En mayo de 2015, María del Mar Villafranca llamó "tontos del culo" a los votantes del PP por creerse las "patrañas", pero sólo unos días después se conoció que la Fiscalía había abierto una investigación sobre una posible adjudicación irregular del servicio de alquiler de audioguías en el monumento que podía llegar, como así fue, hasta ella.

En su defensa salió el propio Patronato que negó "categóricamente" las acusaciones de "tráfico de influencias" cometido presuntamente por la directora del conjunto monumental en la adjudicación del servicio de audioguías. A pesar de la apertura de diligencias de la Fiscalía, hacía constar que la directora no había sido acusada. El PSOE de Granada negaba irregularidades en los contratos tramitados por la Alhambra y aseguraba que el PP-A estaba "desesperado" y necesitaba "agarrarse a cualquier clavo ardiendo".

El 25 de junio de 2015, la directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca era detenida. El PSOE acusó al gobierno de Mariano Rajoy de abuso de poder por un mal trato supuestamente infringido a Villafranca, "procedimiento desmedido empleado" definió, que responde "a prácticas propias de un estado policial", e insistió en la "buena gestión" del Patronato de la Alhambra, "avalada por su buen hacer y por los técnicos". El gobierno negó tajantemente cualquier clase de abuso policial.

El PP comenzaba a pedir su dimisión y denunciaba que nadie en la Junta la hubiera exigido. El 7 de julio de 2015, tras la querella interpuesta por la Fiscalía contra ella y otras cinco personas, María de Mar Villafranca presentaba su renuncia entre los elogios del PSOE.

Además de Villafranca, la Fiscalía había denunciado la secretaria general del Patronato, Victoria Chamorro, el jefe de la Sección Económica y de Contabilidad de la Sección de Gestión y Contabilidad de Ingresos y actualmente, de la Sección de Comercialización, José María Visedo, al interventor delegado del Patronato, al administrador único de la empresa adjudicataria del servicio, Stendhal Museum Solutions SL, antes GTP Museum Solutions SL, y a su director general.

El Ministerio Público consideraba en su querella que, de forma provisional, se les podía considerar presuntos autores de un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito continuado de malversación de caudales públicos, y un delito de blanqueo de capitales con un quebranto de 4,5 millones de euros de dinero público.

Hasta Podemos criticaba que la Junta de Susana Díaz no hubiera destituido de manera "fulminante" a Villafranca mientras la dirigente socialista la disculpaba públicamente, diciendo que había dimitido para no dañar al PSOE. Finalmente, la propia Junta se personaba en el caso como acusación particular.

Desde 2005 a 2019 han transcurrido 14 años. En estos 14 años uno de los complejos monumentales, históricos y turísticos del mundo, de Europa, de España y de Andalucía ha sufrido el descrédito y el desprestigio acunado en políticos y empleados sin escrúpulos. Ni La Alhambra de Granada ni Andalucía ni España se merecen la pésima e irregular gestión del anterior gobierno de la Junta presidida por Susana Díaz. Quedan aún meses para que termine el infierno porque el juicio "final" empezará pronto.

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