Ya ha pasado un año desde que el nuevo gobierno llegó al Palacio de San Telmo y, como PSOE y Podemos, versión Teresa Rodríguez, entraban en una espiral cuesta abajo, los partidarios de escrachar al "trifachito" han tenido que esperar y encontrar alguna excusa. La nueva hija de Susana Díaz parece haber traído el pan bajo el brazo de la rebelión contra el primer gobierno que no ha sido socialista desde 1982.
Abrió el fuego el sindicalismo incierto de Canal Sur, incierto porque nadie sabe qué y a quiénes representa y porque erige comités de huelga que nadie sabe quién ha elegido. Se trata de que la RTVA no pueda reformarse salvo en el sentido que los sindicatos, con el PSOE y Podemos al fondo, quieran. El pequeño detalle del vodevil es que es el nuevo gobierno el que lo paga casi todo mientras no le dejan operar.
El segundo frente se ha abierto en la educación, a causa del nuevo decreto de escolarización que equilibra las oportunidades de muchos padres para acceder a la educación concertada, , vilipendiada por las izquierdas pero presente en la vida andaluza desde hace décadas a causa de la insuficiencia de los servicios públicos, entre otras cosas como las libertades constitucionales, como ocurre asimismo en la sanidad.
Ha bastado que un leve cambio permita que los padres, que antes no podían, puedan acceder libremente a la educación concertada (que también es pública y se rige por sus normas) para que los sindicatos –CSIF incluido, curiosamente–, y toda la caravana de la izquierda haya emprendido la campaña por las movilizaciones callejeras, ya a escala respetable.
Para arrimar el hombro, la polémica crece entre el consejero de Educación, Javier Imbroda de Ciudadanos y la dirección andaluza de Vox, animada por la presencia del ex socialista y ex upeydero vasco Nicolás Gutiérrez. Se ve venir de lejos la batalla por el cheque escolar, una de las maneras de intentar ensanchar la libertad de los padres, que en Andalucía eso del pin parental no ha calado.
Y ayer, una alarma ciudadana de calado al anunciarse que la Junta va a impulsar un plan antitsunamis por considerarse que hay una posibilidad cierta de que una catástrofe de envergadura pueda tener lugar en la costa andaluza. Que el agua del mar pueda subir hasta 12 metros en algunos lugares –es la altura de un edificio de tres plantas–, como la capital gaditana y la costa próxima al cabo de Trafalgar es más que alarmante.
Pero luego sale la representante izquierdista de Adelante Andalucía y aclara, tras aclarar la Junta que en España no existe en ninguna parte un plan preventivo de esta clase y que se va a estudiar todo lo estudiable para ver cómo se logra algo positivo, que no hay un riesgo inmediato, sino que algo puede ocurrir entre ahora y dentro de 300 años, o quién sabe cuándo y dónde. Pero tú alarma, que algo queda.
Y para tragedias, la ocurrida ayer en Motril cuando la esposa de un anciano llamó a su hija informándole de que su padre había sufrido un infarto. La hija, de poco más de 50 años, se apresura en llegar pronto a la casa de sus padres y cuando llega y ve a su padre fulminado, sufre ella misma un ataque al corazón y también muere. Es la fuerza del sino.
La corruptela nuestra de cada día nos llega esta vez de las playas de Manilva, la localidad malagueña más meridional de la Costa del Sol, con una famosa ex alcaldesa de Izquierda Unida en su día, de cuyas andanzas hemos dado cuentas varias en Libertad Digital desde hace años.
La polémica Antonia Muñoz –que militaba en IU–, fue investigada en varias causas judiciales, u tras ser imputada, con su hija y su marido, por varios delitos dimitió en 2014 de los puestos de regidora y concejal. Se la acusaba de haber enchufado a 470 personas, entre ellos muchos de sus familiares y de adjudicarles contratos, horas extras fantasmas y otros lópeces.
Pues ha vuelto a ser detenida. Ahora se investiga su participación, y así lo cuenta El Mundo, en un entramado italiano destinado al blanqueo de capitales de dudoso origen que iba a ser destinado a la compra de activos inmobiliarios por la zona. Sólo en una de sus causas abiertas la fiscalía pide ocho años de prisión y tiene varias más. Una joya.