No ha habido examen de conciencia. No hay dolor de corazón. No hubo ni hay ni habrá propósito de enmienda. No se le han dicho los pecados, los propios y los pendientes de los otros bandidos, al confesor ni al juez. Lo único que se quiere es no cumplir la penitencia ni las sentencias. Dicho de otro modo, se quiere saltar por encima del infierno, no digamos ya del dulce purgatorio, para llegar como sea, empecatados y con las manos manchadas de sangre, al cielo de los justos. Como buenos marxistas, que algunos los hay y de nivel intelectual, los de la banda terrorista ETA quieren hacer uso de la democracia formal para construir la democracia real, esto es, su dictadura en el País Vasco. Por imperativo legal, se disponen a simular que piden perdón a las víctimas y a España cuando no hacen ni harán ninguna de las dos cosas porque eso sería negarse a sí mismos. Pero eso no es lo grave. Lo grave, lo gravísimo, es que hay un tenderete constitucional –eso no puede ser un Tribunal–, que les ha bendecido y les ha librado de toda culpa. Zapatero y el PSOE no sólo nos ha hundido en la miseria material sino que ha terminado de enlodazarnos en la indignidad espiritual. Con centenares de asesinatos no esclarecidos y casi mil víctimas con las balas etarras clavadas en el corazón, la supuesta razón de Estado –Peces Barba, nos acordamos de ti y de tu paso en este camino–, se abre paso en el País Vasco para dejar que ETA gobierne, logre su anhelada independencia y haga bueno su sueño de borrar la palabra asesinos de la historia para reescribir la palabra patriotas.
Matar, señoras y señores, es rentable en España. Puede matarse durante 50 años seguidos a ciudadanos, a servidores del estado, a altos cargos, a terroristas arrepentidos (Yoyes y otros) y ser rentable política, social e incluso académicamente para los asesinos. Puede matarse a una chica, Marta del Castillo, con alevosía, con ensañamiento, con esputos y carcajadas sobre el juez, la policía y la ciudadanía y ser rentable. Puede matarse a Mariluz y ser rentable. Puede matarse a la propia esposa o esposo y en unos pocos años estar en la calle, libre como un pájaro, con una carrera universitaria aprobada, cien novias o novios en Twitter y casi un puesto de trabajo en el bolsillo. Decía Bertrand Rusell que él era partidario de eliminar el quinto mandamiento del Decálogo legal más conocido del mundo de las enseñanzas forzosas en las universidades occidentales porque, decía, el Estado tiene que matar algunas veces, ya en guerra, ya en operaciones poco edificantes y casi desconocidas, para defender a sus ciudadanos. Yo doy un paso más adelante. Yo propongo, además, quitar toda referencia al asesinato, homicidio y demás agresiones con resultado de muerte del Código Penal español. Va a dar casi lo mismo. Este Código y sus intérpretes sólo saben de redimir a los verdugos, con perdón o sin perdón, y no tienen corazón alguno para las víctimas. Estos son los que van a resucitar el ojo por ojo en la sociedad española, tan exquisitamente democrática con los asesinos y tan arbitraria y autoritaria con las víctimas.
Los demócratas españoles han soportado el calvario del crimen organizado de la mafia nacionalista vasca y, al final, su tierra va a caer en manos de aquellos de los que vengarse no era políticamente correcto.
Los ciudadanos se ven asaeteados por unos criminales que luego son cobijados bajo las leyes y los tribunales. Incluso por el más alto chiringuito del Estado. Naturalmente, aquí algo no funciona y, tarde o temprano, lo terminaremos pagando porque no tenemos perdón.