Cuando los progres no pueden controlar una institución, no vacilan en destruirla, como estamos comprobando en España. Ahora le ha tocado al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El periódico digital de izquierdas Politico ha publicado un borrador, redactado por el juez Samuel Alito y apoyado por otros cuatro magistrados –Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Bret Kavanaugh y Amy Conet Barrett–, en un caso que el tribunal fallará en pocas semanas. Por primera vez se ha filtrado un texto de las opiniones que circulan entre los magistrados y sus oficinas antes de la redacción de una sentencia. Y ha sido con motivo de una sentencia que revocaría la dictada en 1973, conocida como Roe versus Wade, que legalizó el aborto bajo el subterfugio de un inexistente en la Constitución derecho a la intimidad. Para toda la izquierda, como gritan en las manifestaciones las viragos más exaltadas, "el aborto es sagrado".
El objetivo último no es amedrentar a los cinco jueces (el otro supuesto conservador, John Roberts, es uno de esos moderaditos que en cuanto tienen poder siempre basculan en favor de las causas y los dogmas progres), sino movilizar a los militantes y los donantes de izquierdas para las elecciones de noviembre, en que se renovarán la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaturas.
Los demócratas podrían aceptar la pérdida del Senado, ahora dividido por la mitad y con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, pero no la de la Cámara de Representantes. Si los candidatos republicanos, casi todos trumpistas, se hicieran con las dos cámaras del Congreso podrían presentar un impeachment contra el presidente Joe Biden y convertir los dos años que faltan para las elecciones de 2024 en un tormento para el actual Gobierno.
Las encuestas muestran la superioridad de los candidatos republicanos para el Congreso, hasta de ocho puntos a nivel nacional. La guerra de Ucrania no ha hecho olvidar a los norteamericanos la vergonzosa retirada de Afganistán del verano, las sospechas de pucherazo electoral y la preocupación por el aumento de la delincuencia y los tumultos con la excusa racista (los demócratas hicieron campaña en 2020 con el lema "Defund the police", con el que proponían retirar la financiación a los cuerpos policiales), asuntos a los que se han unido en estos meses la inflación y la subida de los tipos de interés.
El Imperio Progre calcula que podrá emplear este ataque a uno de los pilares que demuestra su hegemonía como muleta roja que hará que los ricos aflojen su nutrida bolsa (ya en febrero se calculaba que los activistas del aborto iban a gastar 150 millones de dólares sólo en nueve estados en esas elecciones) y que las bases y los votantes perdonen a la Casa Blanca todos sus fracasos.
Los medios de comunicación han unido su martillo a la campaña mintiendo con el contenido de la sentencia. Según ellos, el bloque conservador (con tres jueces nombrados por el presidente Donald Trump) prepara la prohibición del aborto. Incluso los medios que en España pasan por conservadores, como el ABC, la COPE, Expansión y La Vanguardia, repiten la consigna dada por la prensa descaradamente progresista y hablan de "terminar" con o de "anular" el "derecho constitucional al aborto".
La propuesta que hemos conocido recupera el diseño constitucional del Tribunal Supremo como intérprete de la ley, no como último poder que somete a sus deseos la Presidencia, el Legislativo, los Estados y el Pueblo. Bastan cinco magistrados para impedir o imponer decisiones aprobadas en elecciones. Se pretende corregir esa sentencia imaginativa de 1973 y devolver la regulación del aborto a los ciudadanos: que sean los legisladores federales y estatales los que se pronuncien y aprueben las leyes que les parezcan oportunas.
De concretarse esta sentencia, se iría a un país en el que estados como Texas, Oklahoma, Iowa, Florida, Kentucky o Luisiana restringirían el aborto (que no está prohibido ni en Hungría ni en Polonia) y otros como California, Nueva York, Washington y Rhode Island lo permitirían con tal laxitud que se eliminaría la intervención de médicos titulados y las medidas de seguridad para las embarazadas, como ya pasa.
En las circunstancias actuales, sería la mejor solución para un país a fin de cuentas federal. Pero la izquierda no está dispuesta a consentir ninguna derrota ni que haya ninguna área libre de sus principios, sea trate del aborto o de la "emergencia climática"; por eso Biden ha propuesto como próxima juez a una jurista que se reconoce incapaz de definir a una mujer porque no es bióloga.