Si la campaña electoral en Estados Unidos estaba agitada, con las revueltas de Black Lives Matter, los muertos por covid-19, las sospechas de manipulación del voto por correo y hasta las acusaciones al presidente Trump de preparar un golpe de Estado, el esperado fallecimiento de la juez de la Corte Suprema de EEUU (Scotus) Ruth Bader Gingsburg la va a poner al rojo vivo.
Uno de los factores que en 2016 movilizó el voto de los cristianos más militantes a favor de Trump fue su compromiso de nombrar un juez provida y contrario al activismo judicial (es decir, a rellenar los vacíos de la Constitución mediante sentencias basadas en la sociología y el progresismo) para sustituir a Antonin Scalia, la cabeza de la minoría conservadora, fallecido en febrero de ese año. Y Trump, para sorpresa de muchos, cumplió.
En menos de dos años, Trump nominó y el Senado, con mayoría republicana, ha confirmado dos nombramientos: Neil Gorsuch (2017) y Brett Kavanaugh (2018). El mismo número que Barack Obama en ocho años. Aunque lejos de los ocho magistrados de nueve que propuso Franklin Roosevelt. Kavanaugh sustituyó a Anthony Kennedy, de quien se decía que era el hombre más poderoso del mundo, porque solía decidir con su voto vacilante unas disputas con consecuencias jurídicas, culturales y económicas desde Taiwán a España.
Kennedy fue uno de esos supuestos derechistas a los que el Imperio Progre da el premio de moderado o civilizado. Lo propuso Ronald Reagan, el presidente más detestado por la izquierda hasta Trump; pero su historial de fallos ha sido más favorable a las causas progres que a las conservadoras.
Hasta Kavanaugh, la Scotus estaba dividida en cuatro izquierdistas, cuatro conservadores y Kennedy, que casi siempre votaba con los primeros en las causas que el Imperio Progre considera capitales, como el calentamiento global, la discriminación positiva o el aborto. Con Kavanaugh, la ecuación cambiaba a cinco conservatives y cuatro progressives. Por eso el Partido Demócrata y los grupos afines realizaron una campaña detestable contra el jurista, en el que varias mujeres le acusaron falsamente de violación. Al final, el Senado aprobó por una reducida mayoría el nombramiento.
La dirección del bloque izquierdista, en el que, a diferencia del otro, no se producían deserciones, la ejercía Ruth Bader Gingsburg, propuesta por Bill Clinton en 1993. Que las disputas y los pleitos en la Scotus no son de carácter exclusivamente técnico lo confirma la decisión de Gingsburg de negarse al retiro, aunque tenía 87 años y padecía un cáncer de páncreas, con la esperanza de que hubiera un presidente demócrata en la Casa Blanca. Los derechos de los justiciables no importaban tanto como el triunfo del progresismo.
Nombramiento en campaña electoral
En cuanto se conoció el fallecimiento de Gingsburg, el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, declaró que su bancada (53 escaños de 100) votará al sustituto antes de las elecciones del 3 de noviembre. Hace unos días, Trump presentó su lista de candidatos a puestos de juez federal. Por primera vez existe la oportunidad de devolver a la Scotus la sensatez perdida desde que Dwight Eisenhower cometiera en los años 50 lo que él calificaba de sus “dos errores que se sientan en el Tribunal Supremo”.
Estos errores consistieron en proponer a dos juristas supuestamente conservadores que abrazaron el progresismo (William Brennan y, sobre todo, Earl Warren, presidente de la Corte entre 1953 y 1969) y crearon una jurisprudencia a partir de la interpretación de la Constitución como un texto vivo. De esta manera, la Scotus se convirtió en un legislador positivo, por encima de los estados, del Congreso, de la Presidencia y del mismo pueblo. El ejemplo más claro de esta jurisprudencia fue la sentencia de 1973 que legalizó el aborto amparándose en un derecho a la intimidad inexistente en la Constitución y en sus enmiendas.
¿Y a qué se debe esta guerra por el control del Tribunal Supremo de EEUU? El Congreso puede sustituir la firma del presidente en los proyectos de ley si la Casa Blanca no los devuelve a la Cámara que se lo remitió en el plazo de diez días hábiles. Pero el Supremo dispone de mayores facultades: puede anular leyes del Congreso y de todas las Asambleas estatales (facultad que se arrogó en 1803) y forzar al presidente a entregar documentos oficiales (como obligó a Richard Nixon con las cintas magnetofónicas que le vinculaban con el Watergate). Su importancia es tal en Estados Unidos y el mundo entero que los irónicos sostienen que las elecciones presidenciales sirven para elegir a quien cubre las vacantes de la Scotus.
Los republicanos tienen otro acicate. En estas elecciones, en que el voto por correo, que carece de las garantías que tiene en España, será disputadísimo, el papel de la Scotus se acrecienta, como se demostró en la disputa de Florida en 2000, zanjada por una sentencia dictada por la propia Corte.
Tan conscientes son los progres del poder de la Scotus que cuando Reagan propuso al Senado el nombramiento como magistrado de Robert Bork (1987), la reacción de los demócratas fue despiadada. El senador Ted Kennedy (cuya familia había recurrido a sus influencias para librarle de responsabilidad penal por la muerte de la joven Mary Jo Kopechne en Chappaquiddick) pronunció un discurso en la que acusó a Bork de racista, de censor de la libertad de expresión, de querer negar el acceso a los tribunales a millones de ciudadanos… El Senado rechazó el nombramiento y Reagan tuvo que proponer a otro jurista, que fue el centrista Kennedy.
Desde el caso de Bork, las nominaciones para la Scotus han pasado a ser batallas campales en las que, salvo armamento nuclear, los bandos usan cualquier cosa. Por fin, la derecha dispone de un presidente dispuesto a dar esas batallas y a ganarlas.