Cuando los nacionalistas son pequeños, sus padres les asustan con dos ogros: Antonio Cánovas del Castillo y Francisco Franco. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El régimen del general gallego situó a las tres provincias vascas entre las cinco más ricas de España y en 1878 un Consejo de Ministros presidido por el político andaluz aprobó la concesión del Concierto Económico a las Diputaciones. Con este dato, pese a las pretensiones de los abertzales y sus juristas a sueldo —como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, el Concierto no puede ser un derecho, histórico o contemporáneo, ni un pacto. Puesto que lo fundó un acto gubernamental, otro acto de igual rango puede revocarlo.
El sistema foral abolido a lo largo del siglo XIX era un residuo del Antiguo Régimen. Salvo las villas, regidas por el derecho común, como Bilbao, Vitoria, San Sebastián y Portugalete, el resto de las Provincias Vascongadas vivía bajo un régimen oligárquico e inmovilista. El fuero vizcaíno castigaba con pena de muerte la exportación de hierro, permitía la tortura, imponía un sufragio limitado y concedía en las Juntas Generales (el parlamento de la Diputación) el mismo voto a Bilbao que a cualquier anteiglesia poblada por unas docenas de aldeanos. En 1876, al final de la última guerra carlista, las Cortes derogaron el resto de las normas forales. Salvo Navarra —que en 1841, a través de la Ley Paccionada, había obtenido ciertas concesiones—, toda España se sometió a las mismas leyes, buenas o malas. Se acabaron así los privilegios por razón de residencia. La unidad constitucional, conseguida 80 años más tarde que Francia, duró poco. Tras el Concierto, en 1900 se implantó el arancel proteccionista, que reservaba el mercado nacional a las industrias vascas y catalanas. Esta última medida muestra a los mismos que reclamaban excepciones políticas y legales maniobrar para hacerse con un mercado único.
El sentido del Concierto era un sistema fiscal intermedio entre el foral y el vigente en el resto de España. En el Antiguo Régimen, las aduanas vascas estaban en los puertos secos (Valmaseda y Orduña, en Vizcaya). Es decir, se penalizaba el tráfico de mercancías entre las Provincias Vascongadas y Castilla. Los únicos ingresos de las autoridades locales provenían de impuestos al consumo y de unas pequeñas tasas reales. Sin duda, esta falta de capital y de impulso al comercio influyó en que la región fuese la más pobre de España en 1800. Para preparar a los vascos a que pagasen los mismos impuestos que los demás españoles, se instituyó el Concierto. Debería haber durado unos años, pero la dejadez política en la Restauración y los intereses empresariales permitieron su perduración. El bando nacional lo anuló para Vizcaya y Guipúzcoa y, en el mismo decreto (otro acto unilateral del Gobierno), lo mantuvo para Álava y Navarra. Durante el régimen franquista, las actualizaciones de los dos Conciertos supervivientes se aprobaban mediante nuevos decretos, ya que el Gobierno no se atrevía a remitirlos a las Cortes.
De todo lo anterior se deduce que es mentira la afirmación que hace el Estatuto en su artículo 41 de que el Concierto es "el sistema foral tradicional". El abertzalismo pretende así inculcar en los españoles, con la colaboración de sus asalariados, la idea de que las relaciones entre el Estado y la comunidad vasca se basan en pactos entre iguales.
Los abertzales crearon, con la anuencia del Gobierno de Madrid, un mecanismo nuevo: la figura del Gobierno vasco como coordinador de las Diputaciones y gestor de lo recaudado. Otra innovación que, merced al tiempo, se convertirá en derecho histórico. Las Diputaciones se encargan de "la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los impuestos" y tienen la capacidad para crear otros nuevos. Así, la Diputación de Vizcaya abolió el Impuesto de Sucesiones para los residentes a principios de los 90 —según se rumoreó, para tentar a los emigrados por causa del terrorismo y evitar el traslado de contribuyentes a las provincias limítrofes. Otra manifestación de la soberanía fiscal vasca son las vacaciones fiscales, de las que se han beneficiado las grandes empresas y que Bruselas ha declarado como subvenciones contrarias a la competencia. A cambio de los servicios que aún presta la Administración Central, el Gobierno vasco abona a Hacienda el cupo. Todo lo demás que recauden las Diputaciones, lo gestiona la Administración vasca a su antojo.
El sistema del Concierto permite que en España funcionen cinco haciendas: la estatal, la vizcaína, la alavesa, la guipuzcoana y la navarra. El demérito de este sistema, aparte de la ruptura de la unidad legal y la consecuente discriminación (el Gobierno de La Rioja afirma que sufre una deslocalización de empresas que cruzan el Ebro para instalarse en Álava y Navarra sólo para beneficiarse la menor fiscalidad y al carecer de facultades fiscales no puede competir) es el característico de toda Administración local: tiende a adaptarse a los más poderosos del lugar. En las primeras décadas del siglo XX, los caciques vizcaínos, con independencia de su ideología, presionaban y manipulaban para evitar que la Diputación aumentase los escasos impuestos que gravaban sus minas, sus astilleros, sus siderurgias... Si Jordi Pujol arrancase del Gobierno nacional un Concierto para Cataluña, ¿alguien duda de que organizaciones tan altruistas como La Caixa y el Instituto de Empresa Familiar recibirían un trato acorde con el hecho diferencial?
Este artículo se publica, junto a otros de Alberto Carrasquilla, Manuel F. Ayau Cordón, Richard Tren y más autores en la Revista de Economía e Ideas de Libertad Digital. Si desea leerlos, pulse AQUÍ
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