Los periodistas solemos estar expuestos a diversas formas de censura que se amparan y procuran justificarse bajo las leyes vigentes. Una de ellas es la que se esconde en el “delito contra el honor”, que aspira silenciar críticas y cuestionamientos al gobierno y a políticos poderosos.
Ese es el instrumento empleado en el Perú por el congresista oficialista Jorge Mufarech contra mí. Quiere verme tras de rejas y que ya no me ocupe de él en mis columnas. Para ello me ha demandado por difamación y quiere que, encima, le pague un millón de dólares. El mismo recurso que usó Adam Pollack, otro que pertenece al círculo íntimo del presidente Alejandro Toledo, contra Alvaro Vargas Llosa. Y me ha lanzado una demanda con la firma del abogado de la mafia fujimorista, y con la rúbrica de la jueza que le impidió la salida del país a Juan Carlos Tafur, director del diario Correo, el mismo en el cual escribo todos los lunes la columna Patente de Corso, y que, está claro, no cuenta con las simpatías del régimen.
Me he tomado el trabajo de hurgar en mis archivos y revisar cada artículo en el que menciono a Mufarech. Ocho en total, en dieciocho años que escribo columnas de opinión. Ésta es la novena. La más lejana es de mayo de 2001. En ella le pregunto al lector si recuerda haber visto a Mufarech protestando en las calles o firmando un comunicado de protesta luego del golpe de Estado de 1992. Intuyo que no le gustó.
En enero de 2002, comenté la revelación que hizo el periodista Gustavo Gorriti en su programa televisivo de Canal 2, en el que se propala la voz de Mufarech, en diálogo con José Enrique Crousillat (actualmente prófugo en Argentina, y en ese entonces propietario del canal de televisión aliado de la mafia), negociando aguantar una denuncia que perjudicaba a América TV, y le dice: “Estas cosas las manejamos, estés o no estés, y como tú quieras”. Además, no pude dejar de evocar que, en 1999, con el inconstitucional plan reeleccionista a todo vapor, el entonces ministro de Trabajo de Fujimori (o sea, Mufarech), defendió a capa y espada el afán continuista del régimen autocrático en una entrevista que le hice en canal 13. Ergo, le sugerí modestamente a Toledo que le meta una patada en el trasero y lo expulse de sus filas. Cosa que, evidentemente, no hizo.
En diciembre de 2002, comparo el ensañamiento que sufren por causa de la justicia y el poder político algunos ex fujimoristas por convicción versus el trato afable que recibe el controvertido Mufarech, también ex fujimorista, por parte del gobierno. Eso parece que le erizó los bigotes que adornan su rostro.
En marzo del 2003, le dedico otra para recordar su trayectoria, y recuso su modo de hacer política. El cual, mantengo, a manera de opinión sustentada en su currículo, se asemeja al estilo de Gengis Kan, pero con teléfono celular.
Ese mes le volví a dedicar otra Patente de Corso porque me amenazó por la televisión (ya antes lo había hecho, a través de un productor periodístico, cuando me envió por el hilo telefónico una sonora grosería por partida triple).
En junio del mismo año, además de insistir en que lo expulsen a Mufarech del partido de gobierno, reclamo la misma sanción para Pollack y personajes que no hacen sino darle mala imagen al gobierno. Nuevamente, no me hicieron caso. Y hago lo mismo, de refilón, en otro artículo el mismo mes.
Hace un par de semanas, al revés que en los anteriores, llamo la atención sobre sus constantes ataques a la prensa. Pero eso fue demasiado, creo. Ahora, y a cualquier costo, me quiere ver con traje a rayas, esquilmarme un millón de dólares que ya quisiera tener cuando me jubile en unos 20 años, y coartar mi libertad de opinión. Y, claro, no quiere que vuelva a ocuparme de él. Quisiera creer que ya no vivimos en los tiempos de Fujimori, pero pretender silenciar a un periodista de opinión a través de amenazas judiciales sólo me hace evocar tiempos autoritarios, intolerantes, turbulentos y, todavía, recientes.
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