El Congreso peruano se ha dedicado en los últimos meses al único objetivo de espantar a la inversión privada. Eso sí, sin distinción, nacional o extranjera, porque los peruanos tenemos un Parlamento que cree fervientemente en la democracia y la igualdad, pero no mantiene las mismas convicciones respecto a las libertades económicas.
Como sea, todas y cada una de las iniciativas legislativas apuntan a destruir el capital, a desaparecer la propiedad privada, a afectar las reglas de juego, a dar rienda suelta al populismo y la demagogia. Un espíritu anticapitalista empuja al Parlamento peruano a emprender cruzadas mercadofóbicas que sólo van a cosechar mayor pobreza y atraso.
En lugar de generar confianza para incrementar los niveles de inversión privada, se amenaza y maltrata a los empresarios que apuestan por el país. El Congreso ha decidido, por ejemplo, modificar unilateralmente los términos del contrato de Telefónica con el Estado peruano. Además, ha anunciado también que va a revisar todos los contratos de estabilidad jurídica, suscitando pánico en las empresas.
Empero, la labor de ahuyentador del capital no es exclusiva del Parlamento nacional. El Poder Ejecutivo también compite en el mismo rubro y con el mismo afán; recientemente decidió no observar la ley que modifica las relaciones colectivas de trabajo.
No obstante, el Congreso y el Ejecutivo no son los únicos en perseguir las mismas metas. La municipalidad de Lima cerró finalmente, luego de un largo proceso cargado de xenofobia y discriminación, la planta de fideos Lucchetti, de propiedad del Grupo Luksic. La incursión de este importante conglomerado chileno en el Perú duró apenas seis años y le terminó costando 156 millones de dólares.
Sin embargo, lo perpetrado por la comuna limeña no se compara con lo que quiere hacer el flamante presidente de la región Arequipa, quien pretende revisar el contrato de concesión del puerto de Matarani, así como todas las privatizaciones ocurridas en la última década porque considera que las empresas privadas son adversarias de la regionalización.
Por alguna razón que desconozco, los políticos peruanos se empeñan en no entender que sin inversión no hay crecimiento. No comprenden que sin inversión no aumenta la capacidad productiva y, por ende, no se crean nuevos puestos de trabajo. No penetra en sus cerebritos lo que la realidad les grita: lo que le urge al país es atraer inversión, no repelerla.
Es tan escandalosa esta concertación política antipatriota, en contra del capital y del sentido común, que estoy empezando a sospechar que ser político en el Perú es sinónimo de ignorancia e ineptitud.
Pedro Salinas es corresponsal en Lima de la agencia © AIPE
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