Artículo publicado el 02 de enero de 2002 en la sección de Internacional de Libertad Digital con motivo del paso a la clandestinidad de Álvaro Vargas Llosa.
El Perú es el reino del absurdo. Ello no es ninguna novedad. No obstante, es también el país de las venganzas políticas. El caso del congresista, ahora oficialista, Jorge Mufarech es el más patético de todos: un fujimorista consumado que aplaudió la inconstitucional reelección, con todas las arbitrariedades que suscitó, y ahora se las da de moralizador, aprovechando su poder político para destruir a quienes no le simpatizan o chocaron con sus negocios en el pasado. Sin embargo, hay venganzas más sutiles. O, mejor dicho, menos burdas que las del inefable y sinuoso Mufarech. Es el caso de la persecución política al periodista Álvaro Vargas Llosa. Álvaro denunció hace pocos meses que el gobierno negociaba en secreto con el consorcio EADS un contrato de mantenimiento y reparación de los MIG-29 estacionados en la ciudad de Chiclayo. Lo sorprendente es que la administración toledista, en vez de anunciar una investigación o hacer su descargo ante la grave revelación, no dijo nada, y los más importantes medios de comunicación de la capital, ayer de oposición, no recogieron la denuncia. Hicieron la vista gorda, por complacientes o incompetentes, da lo mismo.
Lo cierto es que ahora se ha anunciado una orden judicial de restricción de la libertad de Álvaro Vargas Llosa, la que va acompañada de una amenaza de apercibimiento y un espectacular embargo por el cargo de difamación. La denuncia ha sido interpuesta por Adam Polack, amigo personal del presidente Alejandro Toledo. Y el gobierno dice que no tiene nada que ver en el asunto. “En el Perú no hay perseguidos políticos”, ha afirmado uno de los ministros con un tonito dedejá vu. “Que pruebe su fábula”, ha gritado otro, como si Álvaro fuese un paciente de manicomio. “Me parece que es una ridiculez”, ha terciado otro representante del gabinete Dañino, que no quiere ver que en el gobierno de Toledo también existen resortes autoritarios y no quiere reconocer que lo que ha ocurrido con el periodista y escritor tiene todas las características de una cacería judicial y de una política de amedrentamiento dirigida desde el poder político.
Ese ha sido, es, y será siempre el problema del periodismo independiente en el Perú: emitir opiniones libres o denunciar al poderoso supone recibir como respuesta la denuncia del fiscal, el sablazo del Poder Judicial, la mordaza camuflada y la emboscada del esbirro. Y se acabó el período de gracia. Todos los gobiernos cuando se inauguran, ofrecen garantías a la libertad de prensa y nos dan a los periodistas un tiempo de gracia, pero a la corta o a la larga siempre terminan abusando de su poder y volvemos a la normalidad, volvemos a ser una suerte de país-antropoide que es incapaz de extirparse la cola autoritaria.
Lamentablemente, esos abusos se perpetran porque los peruanos, siempre tan pasivos e indiferentes, lo permitimos. Y porque un sector de la prensa, ayer de oposición, no parece haber aprendido la lección que dejó el fujimorismo. Salvo una columna del periodista Juan Carlos Tafur, no he visto ni oído otro comentario sobre el particular. ¿Qué vemos ahora en los editoriales? Como diría Manuel González Prada, “pesadas adulaciones al gobierno; escritos que infunden sueño; literatura de cachalotes, buena para ser leída por elefantes; literatura de verduleras, buena para ser leída por meretrices”.
Para elevar el espíritu de la prensa, el único camino es dejar que ésta sea libre y no amenazarla ni asustarla con procesos judiciales. Pero eso no es lo que está ocurriendo en el Perú, donde los gobernantes se sienten, una vez que llegan al poder, como los descendientes directos de Manco Cápac, como divinidades emergidas del Lago Titicaca que no aguantan más golpe que el del incensario. En cuanto a mi amigo Álvaro Vargas Llosa, quien ha pasado a la clandestinidad, solamente quería recordarle un pensamiento de Voltaire: “el que después de vencer se venga, es indigno de la victoria”. Y una cuestión final, Alvaro, estés donde estés: te sugiero que a la citación judicial le hagas un lugar de honor en el baño de tu casa, es el sitio donde merece estar.
©AIPE
Pedro Salinas es corresponsal de la agencia de prensa AIPE en Lima.
El Perú es el reino del absurdo. Ello no es ninguna novedad. No obstante, es también el país de las venganzas políticas. El caso del congresista, ahora oficialista, Jorge Mufarech es el más patético de todos: un fujimorista consumado que aplaudió la inconstitucional reelección, con todas las arbitrariedades que suscitó, y ahora se las da de moralizador, aprovechando su poder político para destruir a quienes no le simpatizan o chocaron con sus negocios en el pasado. Sin embargo, hay venganzas más sutiles. O, mejor dicho, menos burdas que las del inefable y sinuoso Mufarech. Es el caso de la persecución política al periodista Álvaro Vargas Llosa. Álvaro denunció hace pocos meses que el gobierno negociaba en secreto con el consorcio EADS un contrato de mantenimiento y reparación de los MIG-29 estacionados en la ciudad de Chiclayo. Lo sorprendente es que la administración toledista, en vez de anunciar una investigación o hacer su descargo ante la grave revelación, no dijo nada, y los más importantes medios de comunicación de la capital, ayer de oposición, no recogieron la denuncia. Hicieron la vista gorda, por complacientes o incompetentes, da lo mismo.
Lo cierto es que ahora se ha anunciado una orden judicial de restricción de la libertad de Álvaro Vargas Llosa, la que va acompañada de una amenaza de apercibimiento y un espectacular embargo por el cargo de difamación. La denuncia ha sido interpuesta por Adam Polack, amigo personal del presidente Alejandro Toledo. Y el gobierno dice que no tiene nada que ver en el asunto. “En el Perú no hay perseguidos políticos”, ha afirmado uno de los ministros con un tonito dedejá vu. “Que pruebe su fábula”, ha gritado otro, como si Álvaro fuese un paciente de manicomio. “Me parece que es una ridiculez”, ha terciado otro representante del gabinete Dañino, que no quiere ver que en el gobierno de Toledo también existen resortes autoritarios y no quiere reconocer que lo que ha ocurrido con el periodista y escritor tiene todas las características de una cacería judicial y de una política de amedrentamiento dirigida desde el poder político.
Ese ha sido, es, y será siempre el problema del periodismo independiente en el Perú: emitir opiniones libres o denunciar al poderoso supone recibir como respuesta la denuncia del fiscal, el sablazo del Poder Judicial, la mordaza camuflada y la emboscada del esbirro. Y se acabó el período de gracia. Todos los gobiernos cuando se inauguran, ofrecen garantías a la libertad de prensa y nos dan a los periodistas un tiempo de gracia, pero a la corta o a la larga siempre terminan abusando de su poder y volvemos a la normalidad, volvemos a ser una suerte de país-antropoide que es incapaz de extirparse la cola autoritaria.
Lamentablemente, esos abusos se perpetran porque los peruanos, siempre tan pasivos e indiferentes, lo permitimos. Y porque un sector de la prensa, ayer de oposición, no parece haber aprendido la lección que dejó el fujimorismo. Salvo una columna del periodista Juan Carlos Tafur, no he visto ni oído otro comentario sobre el particular. ¿Qué vemos ahora en los editoriales? Como diría Manuel González Prada, “pesadas adulaciones al gobierno; escritos que infunden sueño; literatura de cachalotes, buena para ser leída por elefantes; literatura de verduleras, buena para ser leída por meretrices”.
Para elevar el espíritu de la prensa, el único camino es dejar que ésta sea libre y no amenazarla ni asustarla con procesos judiciales. Pero eso no es lo que está ocurriendo en el Perú, donde los gobernantes se sienten, una vez que llegan al poder, como los descendientes directos de Manco Cápac, como divinidades emergidas del Lago Titicaca que no aguantan más golpe que el del incensario. En cuanto a mi amigo Álvaro Vargas Llosa, quien ha pasado a la clandestinidad, solamente quería recordarle un pensamiento de Voltaire: “el que después de vencer se venga, es indigno de la victoria”. Y una cuestión final, Alvaro, estés donde estés: te sugiero que a la citación judicial le hagas un lugar de honor en el baño de tu casa, es el sitio donde merece estar.
©AIPE
Pedro Salinas es corresponsal de la agencia de prensa AIPE en Lima.