La conveniencia de un tipo único en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y sobre los beneficios de las sociedades se está abriendo camino en la opinión ilustrada. Es sintomática la tendencia a reducir los tramos del impuesto sobre la renta en un número creciente de países. Aún más notable es que en España el aspirante socialista a ministro de Hacienda, Jordi Sevilla, haya propuesto algo que se acerca mucho al tipo y tramo únicos. En defensa de esta idea de simplificar drásticamente la estructura de los impuestos milita el hecho de que la cacareada progresividad sólo la sufrimos quienes vivimos de una nómina; y que las exenciones, reducciones y beneficios fiscales en el impuesto de sociedades distorsionan la estructura industrial. Mas hay otro argumento al que sólo se presta una atención superficial: la proliferación de expertos, burócratas y “lobbyistas” fomentada por la complicación impositiva.
El título de este artículo está tomado de una expresión corriente en Chile, donde el arancel es en efecto “bajo y parejo”, es decir, que se cargan unos derechos de aduanas reducidos e iguales sobre todos los bienes que se importan. No es casualidad que Chile sea uno de los dos países latinoamericanos, junto con México, libre de los males típicos de esa región. A los mexicanos les beneficia su creciente conexión con Estados Unidos. A los chilenos les favorece mucho la apertura de sus intercambios exteriores: tienen firmados tratados de libre comercio con el ALCA y la UE y en todo caso cargan el mismo arancel “bajo y parejo” sobre las importaciones de los demás países del mundo, aunque no les traten a la recíproca.
Pues bien, el mismo concepto es aplicable a la fiscalidad interior de los países. Con un tipo del 15% en el impuesto sobre la renta y del 14% en el IVA bastaría para mantener el ingreso público. Pero habría de ser sin excepciones. Esta propuesta es revolucionaria pero todo se andará, siempre que no prestemos oídos a los defensores de intereses especiales en busca de exenciones y subvenciones.
El malogrado Mancur Olson, en su libro de 1982 sobre El auge y declive de las naciones, escribió párrafos luminosos sobre las causas y efectos de la creciente complejidad de la legislación fiscal. Los asesores empiezan por buscar huecos en la legislación por los que colar a sus clientes; los funcionarios entonces diseñan nuevas normas para tapar esos huecos; los asesores encuentran otras maneras de evitar legalmente el pago del impuesto; y así ad infinitum. Cuanto mayor es la complicación de las normas, más necesarios son los servicios de expertos legales y contables, y mayores las oportunidades para que los funcionarios del Fisco puedan coronar su carrera pública yéndose a la empresa privada. Por otra parte, esa complejidad permite a diputados, consejeros autonómicos, ministros del Reino atender a las peticiones de su clientela política: aquí una enmienda para eximir la empresa familiar del impuesto de sucesiones; allá una carga discriminatoria sobre las grandes superficies; acullá una reducción del IVA para los restoranes o del impuesto de sociedades para pequeñas empresas. Cuanto más complicados son los impuestos y sus reglamentos, más difícil es que los favores sean visibles. De esta forma, todos contentos: los favorecidos y favorecedores, al loro; y el público, en las nubes.
Lejos de mí el sugerir que estas personas hacen nada ilegal. Todos los que conozco son profesionales serios y escrupulosos. Sólo digo que falla el sistema. Si la complicación demagógica de los impuestos incita a que se dediquen más y más recursos a la actividad de influencia política, el resultado inevitable será que se dediquen cada vez menos a la producción de bienes y servicios. Bajos y parejos.
© AIPE
Pedro Schwartz es catedrático de Historia de las Doctrinas Económicas en la UA de Madrid y presidente del Instituto de Estudios del Libre Comercio.
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