Acuso recibo gracias a una pieza de María Jesús Cañizares en Crónica Global de que el aparato de la vieja Convèrgencia maquina dejar atada y bien atada una nueva red de corrupción institucional en la Generalitat, la enésima, para antes de las elecciones del próximo 14 de febrero. Al parecer, todos los esfuerzos urgentes de la facción pospujolista del Gobierno catalán van orientados durante estas vísperas a lograr el control directo por la gente de la partida de Puigdemont de cierto cuerpo de altos funcionarios autonómicos, el de interventores en concreto, cuya tarea laboral más específica reside en velar para que sus superiores políticos no roben en exceso el dinero de los contribuyentes. Cuerpo funcionarial, ese de los interventores, que lógicamente ha sido observado con creciente preocupación, en tanto que potencial fuente de incordios, por parte de las autoridades autonómicas.
Y de ahí que la Consejería de Administración Pública haya decidido aprovechar estas vísperas navideñas para deshacerse de ellos por la muy sencilla vía de transformar en puestos de libre designación, política se entiende, las jefaturas de los servicios de inspección encargados de velar por el dinero público que manejan ellos mismos, los políticos. Huelga decir que el propósito último de colocar a un amigo de confianza en la mesa donde antes se sentaba un funcionario cualquiera que hubiese ganado el preceptivo concurso-oposición interno no puede ser otro que facilitar el hurto impune de caudales públicos. Y en eso, decía, andan nuestros legítimos representantes regionales. En la Generalitat de Cataluña, es fama, siempre se ha robado mucho y bien. Pero sería intelectualmente deshonesto omitir que el resto de las administraciones autonómicas, con las preceptivas excepciones encargadas de confirmar la regla, no le han andado muy a la zaga desde el desmantelamiento del Estado centralista cuando la Transición. Así, en España la corrupción ha sido - y sigue siendo- una lacra esencialmente autonómica. Por cada caso de delincuencia en la Administración Central del Estado se pueden citar cien en las autonomías. ¿Significa eso que un aparato administrativo más moderno, ergo menos corporativo, menos elitista e impregnado todo él de la legitimación vinculada al voto tiende a ser más inmoral y corrupto que otro tradicional y anclado en las añejas e inamovibles jerarquías meritocráticas decimonónicas? La respuesta es sí. Obviamente, sí.