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Ante una nueva campaña contra la verdad histórica

La izquierda conoce muy bien el enorme efecto de las campañas amasadas con relatos de sangre y crimen atribuidos a sus adversarios. Con ellas ha logrado una y otra vez borrar sus propias responsabilidades

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Hace poco el profesor Macarro autor de algunos estudios estimables, mostraba su indignación hacia mis tesis, pero afirmando, con desaliento, que ellas estaban fundando una nueva “historia canónica”. El ataque, que no crítica, trasluce un hecho real: mis conclusiones se van imponiendo, aunque con esfuerzo, por el peso de su argumentación y de sus datos. Y creo que terminarán asentándose, a menos que Macarro u otros logren refutarlas por medios académicamente aceptables, lo cual ni siquiera intentan. Su argumento se reduce, en fin de cuentas, a la exigencia de censura contra mis libros. ¿Cabe mayor bancarrota intelectual?
 
Me parece bien fundada ya, por tanto, la idea que paso a resumir: la guerra civil provino de la erosión, primero, y el asalto, después, a la legalidad republicana por parte de las izquierdas, en un proceso revolucionario. También hubo en la derecha conspiraciones contra aquel régimen, pero con esta diferencia: las ofensivas de la izquierda provinieron de sus principales partidos y de los nacionalistas, mientras que las intentonas de la derecha sólo abarcaron a sectores muy minoritarios de ella. Dicho de otro modo: si los asaltos izquierdistas se hubieran limitado a los de la CNT, el sistema republicano habría funcionado, a pesar de todo, pero cuando se les sumaron los del PSOE y la Esquerra, con la complicidad de las izquierdas republicanas, la convivencia se tornó imposible. No quedó otra alternativa que una dictadura totalitaria de izquierdas o una dictadura autoritaria de derechas. Sólo los totalitarios o los sordos a las lecciones del siglo XX pueden preferir la primera, que, por cierto, estuvo cerca de triunfar. Ese fue el planteamiento real, pues ni existía un partido democrático potente ni éste habría podido mantener la democracia cuando el grueso de la oposición la rechazaba.
 
Así pues, la versión izquierdista de la guerra civil puede darse hoy por fracasada, y creo que gracias, en medida muy alta, a los estudios de César Vidal y a los míos. No digo los magníficos y fundamentales de Ramón Salas Larrazábal, porque los irreconciliables habían conseguido borrarlos de la universidad y sepultarlos en el olvido. Ni los valerosos, además de valiosos, de Ricardo de la Cierva, porque si bien los sectarios no habían logrado impedir su difusión, habían limitado su incidencia alzando en torno a ellos un muro de Berlín construido con insultos y falsedades. Con César y conmigo no lo han conseguido, al menos por ahora.
 
Pues bien: hace poco el profesor Santos Juliá explicó a unos diplomáticos españoles en París la nueva línea de ataque de la historiografía antifranquista. Reconociendo de modo implícito el fracaso de la versión izquierdista (los dos bandos habían cometido crímenes, vino a admitir), indicó que los esfuerzos iban a concentrarse en la represión de posguerra, donde había un solo y evidente culpable: el bando vencedor.
 
Menciono esta conversación, llegada por casualidad a mis oídos, porque nadie debe creer que se trata de actitudes espontáneas. Por el contrario, están minuciosamente orquestadas, con colaboración de numerosos políticos, historiadores y paniaguados. Preston ha anunciado para este otoño un nuevo libraco sobre el “holocausto español” (nada menos), y ya proliferan en las librerías estudios por el estilo. Leo ahora que la televisión en manos de los irreconciliables ha encargado una serie sobre la represión de posguerra a varios simpatizantes de las dictaduras progresistas. Será la segunda parte de la serie sobre la guerra civil ordenada por el PSOE en los años 80, bajo dirección de demócratas como el stalinista Tuñón de Lara, colaborador del KGB, en testimonio de Jorge Semprún. Tuñón formó en Pau una “escuela de cuadros” comunista dedicada a manipular la historia según la lucha de clases.
 
La serie de los 80 hizo renacer odios y rencores, revanchismos y justificaciones de la violencia progresista, cuyos frutos consisten en el ambiente creado en Vascongadas y Cataluña, extendido por Zapatero a todo el país mediante agitaciones callejeras violentas, bajo banderas totalitarias o anticonstitucionales. A ello ha contribuido la inhibición de la derecha, presa de la consigna medrosa y falsa del “hay que mirar al futuro”, como si esa mirada fuera incompatible con restablecer la verdad sobre el pasado.
 
La izquierda conoce muy bien el enorme efecto de las campañas amasadas con relatos de sangre y crimen atribuidos a sus adversarios. Con ellas ha logrado una y otra vez borrar sus propias responsabilidades, saltar del banquillo de los acusados al estrado del fiscal y convertir sus reveses en victorias políticas. Es preciso, por consiguiente, afrontar esta nueva campaña de envenenamiento de la memoria colectiva.
 
No hay duda de que la represión de posguerra fue brutal, pero debemos situarla en su contexto. Escribe el profesor Malefakis: “Los recientes intentos de restar importancia a la represión tomando como referencia la persecución de los colaboracionistas en Francia y en Italia están lejos de la verdad; no sólo fue la escala de violencia de Franco mucho mayor en muertes y todavía más en prisioneros, sino que además fue desarrollada casi enteramente por el aparato del Estado en vez de por grupos privados actuando sin aprobación gubernamental”.
 
A mi juicio es muy adecuado comparar el caso español con el italiano y el francés (y no hablemos de los espeluznantes campos useños de prisioneros alemanes), porque fueron todos casos de odio ideológico vinculados a una guerra civil. En España hubo más muertes, pero la guerra civil previa fue también incomparablemente más intensa y dejó, por tanto, muchas más “cuentas por saldar”. Con esta consideración, la represión franquista no resulta proporcionalmente mayor, sino menor, que las de Francia o Italia.
 
Además, la represión por el aparato del Estado no debe estimarse negativamente en relación con la “privada”. Significa que las ejecuciones en España se realizaron previo juicio, mientras que en Italia y Francia consistieron muy mayoritariamente en simples asesinatos. La presunción de que los asesinos “privados” actuaban sin aprobación gubernamental es tan falsa en Italia o Francia como en el bando revolucionario español durante la guerra civil. Esa “falta de aprobación” consiste en una táctica bien conocida de efectuar limpiezas masivas de enemigos prescindiendo de formalidades legales y achacándolas al “pueblo” o a “incontrolados”.
 
La campaña en curso enfrenta, por lo menos, otros dos problemas engorrosos. Pinta a todos los ejecutados como “víctimas del franquismo”, mezclando a los inocentes, como el anarquista Peiró, con asesinos sádicos como el socialista García Atadell. Menciono a éste porque, aunque fuese ajusticiado en plena guerra, representa al alto número de criminales, ladrones y torturadores que cayeron en manos de Franco. La equiparación de éstos con los inocentes ya indica el valor de las “investigaciones” en curso.
 
Otro problema: ¿por qué cayeron en manos de los nacionales tantos participantes en el terror revolucionario? Pues porque los dirigentes izquierdistas, tanto en la campaña del norte, como en la de Cataluña o en la del centro, se preocuparon de huir ellos, sin dejar la menor previsión de escape para los miles de secuaces suyos complicados en la represión. Sólo en Cataluña lograron escapar muchos, aunque no todos, en una huida masiva y desordenada, cuya descripción por Zugazagoitia debiera leer todo el mundo. Asunto embarazoso para los campañeros, pero ineludible en un estudio serio.
 
Basten estas consideraciones, para empezar, y preparémonos a librar un nuevo combate por el restablecimiento de la verdad histórica.

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