Después de haber colaborado ocho años en El Semanal, Javier Marías lo deja; dice, “con amargura: siempre la provoca tener que irse de un sitio por culpa de la censura (que, entre otras cosas, es ilegal en nuestro país)”. A estas alturas, Marías cae del guindo. En España es ilegal la censura impuesta por el Gobierno, pero no otras. En realidad, existen casi tantas censuras como órganos, o al menos grupos de prensa. Excepto durante la transición, cuando algunos periódicos parecieron competir por amparar opiniones diversas, esas censuras no han hecho más que reforzarse.
Un ejemplo de primera mano: hace ya muchos años, Ludolfo Paramio, que entonces tenía alguna influencia en El País, calificó de paranoica mi impresión de que allí no me dejarían escribir, animándome a hacer la prueba. Envié un artículo, y me explicó luego que estaba compuesto para salir cuando el maestro de demócratas Cebrián ordenó retirarlo al ver la firma. Otro caso: Raúl del Pozo me invitó a colaborar en el El Independiente, y presenté un par de artículos; pero el director, Pablo Sebastián, frenó en seco la pretensión de que mi humilde trabajo mancillase su magnífico diario. Estas cosas provocan amargura, sobre todo cuando se anda por la vida sin un duro; pero, en definitiva, son normales. Aquellos caballeros dirigían sus periódicos y eran muy libres de elegir a sus colaboradores. Nada criticable, salvo su desvergüenza al fingir un espíritu más liberal del verdadero, o al negar su ejercicio de la censura. En cambio Ansón, que pasaba por reaccionario, y algo lo es, me permitió escribir en ABC, durante unos años, artículos a menudo contrarios a la línea del periódico.
Nada hay de especialmente reprobable, y menos ilegal, en que cada grupo imponga su particular censura. Pero existe otra censura más difusa y generalizada, y, si no ilegal, al menos profundamente inmoral y antidemocrática: la ejercida en común, incluso desde órganos políticamente opuestos, con el propósito de silenciar opiniones y expresiones legítimas. Así la que impidió a Jiménez Losantos recordar ¡no en El País, sino en ABC! algunos aspectos siniestros de Rafael Alberti. Nadie duda en mencionar la solicitud de Cela para actuar como confidente policial o cosa por el estilo, porque a Cela se le identifica con la derecha. En cambio, existe un acuerdo para ocultar que Alberti (y María Teresa León) fue algo peor que confidente policial. Claro, esta pareja era solamente comunista: “¡Gracias, Stalin!”, por defender la democracia staliniana –qué otra podía ser– en España. El caso de Jiménez Losantos es uno entre muchísimos, y esta censura sí tiene auténtico peligro, pues asfixia la libertad política. Pero Javier Marías no parece haberse percatado nunca de su existencia.
El despiste del escritor queda más gracioso cuando redondea su ataque: le amarga especialmente, precisa, la censura “contra una opinión personal acerca de la Iglesia Católica y de las religiones, como si aún estuviéramos bajo un régimen confesional”. ¡Venga hombre! Régimen confesional, cuando la mayoría de los medios de masas muestran permanente hostilidad a la Iglesia Católica –acompañada, por lo común, de una cálida comprensión hacia el Islam y, por supuesto, hacia las tiranías izquierdistas–. ¿Por qué no escribe Marías esas cosas en El País, por ejemplo, o en los innumerables órganos de expresión convencidos de que la Iglesia debe ser atacada a troche y moche, y de que no debe permitirse chistar a las “beatas y monaguillos”? Pero, escribiendo donde lo hacía, tenía cierta obligación de tratar esos temas con un mínimo de cortesía y argumentación razonable. En cambio, su opinión personal apenas iba más allá de una sarta de insultos, duplicada contra los lectores (“beatas y monaguillos coléricos”) que osaran replicarle en simples cartas al director, es decir, desde un plano muy inferior al suyo. Incluso este limitado derecho a la defensa le parece intolerable, vaya demócrata.
De las pocas veces que he leído ese dominical, escaparate de la banalidad como casi todos, he sacado la impresión de que las colaboraciones de Marías y Pérez Reverte eran de lo poco que solía valer la pena. Pero no creo que nadie vaya a montar un escándalo por eso contra la “España negra e inquisitorial”, como parece la intención del caído de un guindo.
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