Recientemente advertía Francisco Vázquez, alcalde de la Coruña: “No hay que olvidar que quienes llevan a cabo la violencia callejera son chicos que han sido educados en el totalitarismo y el odio. Si nos ponemos todos colectivamente una venda en los ojos, pasará lo que tenga que pasar”. Y la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, decía en ABC: “En esta situación de radicalismo ha influido mucho ese consentimiento generalizado, lo mismo que cuando unos padres no se preocupan de la educación de su hijo y le consienten todo pensando que cuando sea mayor cambiará. En estos veinte años ha habido un consentimiento. Pero ahora nos encontramos frente a una situación mucho más difícil de encauzar”.
La palabra, algo inadecuada, de consentimiento, encubre muy variadas actitudes, desde la simple cobardía de quienes detestaban la situación pero callaban, hasta la complacencia hipócrita de otros que, desde un supuesto progresismo, apoyaban todo lo que contribuyera a diluir o romper la unidad española. Precisamente en nombre de semejante progreso se han justificado agresiones y medidas antidemocráticas que han hecho de Vasconia, pero también de Cataluña, comunidades con un índice de libertades políticas muy o bastante inferior a la media española.
Hay que insistir y reflexionar sobre el tiempo en que esta situación ha prevalecido: ¡veinte años! Es mucho, y los estragos están a la vista, no sólo en Euskadi y Cataluña, sino también, aunque menos acentuadamente, en la mayoría de las demás comunidades. Cierto que los nacionalistas, a pesar de todas las ventajas disfrutadas, están todavía lejos de sus objetivos, pero no es menos cierto que han avanzado un largo trecho hacia ellos. Afortunadamente, los timbres de alarma empiezan por fin a sonar, las voces de denuncia, antes dispersas y despreciadas o al menos inatendidas, van adensándose, y la venda en los ojos de que hablaba Vázquez ya no es tan gruesa ni tan colectiva.
Pero no hay por qué echar las campanas al vuelo. Indudablemente la situación a que hemos llegado podría invertirse rápidamente con medidas drásticas y el empleo de la fuerza, pero eso arrastraría unos costes sociales y políticos indeseables. Hay que hacerse a la idea de que establecer un clima razonable en que la convivencia deje de estar amenazada, exigirá bastante tiempo y un esfuerzo constante y empeñado. Es el pago inevitable, o si se quiere el castigo, por las viejas cobardías, consentimientos y frivolidades.
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