Hasta ahora, en la mayoría de los países el terrorismo no es problema militar, sino de orden público: un tipo de delincuencia cuyos miembros deben ser detenidos, juzgados y puestos a buen recaudo. El terrorista, por el contrario, ha declarado la guerra a la democracia y se considera algo así como un soldado. Ahora bien, en la práctica aprovecha al máximo las ventajas del delincuente: muy rara vez lucha al ser identificado y arrestado, explota a fondo las posibilidades de propaganda y de defensa legalista ofrecidas por el sistema, se apoya en un vasto entramado de políticos corruptos y encubiertamente enemigos de las libertades, que obstaculizan cuanto pueden —y suelen poder mucho— la acción de la justicia, mientras justifican el asesinato y lo utilizan para obtener beneficios políticos. En España, es el caso de ETA y sus “recogenueces peneúvicos” .
Así, nada peor podría pasarles a los terroristas que la aceptación de sus pretensiones militares, convirtiéndose en objetivo militar a destruir o rendir sin más miramientos. Algo parecido hizo De Gaulle con la OAS, por ejemplo. La razón de que el terrorismo sea casi siempre un problema de orden público radica en que sus daños están por lo regular muy lejos del nivel bélico. Por eso no llega a imponer la elección drástica “o ellos (y sus comparsas) o nosotros”. Evitar tal dilema es misión fundamental de la política. Pero cuando, por una política errónea o corrompida, los atentados se prolongan en exceso y con tendencia creciente, la capacidad desestabilizadora del terrorismo se hace muy peligrosa, y aplastarlo puede volverse una cuestión de supervivencia para la sociedad. En España, la espiral anarquista fue una causa clave de la quiebra de la Restauración y de la dictadura de Primo de Rivera. Otra situación en que cambiaría la posición del terrorismo es cuando, como ahora, logra causar daño a un nivel realmente de guerra.
USA tiene la experiencia histórica y la disciplina colectiva suficientes para encarar el problema sin necesidad de un golpe militar. El presidente puede recibir, como ahora ha ocurrido, plenos poderes para actuar, asumiendo posibilidades razonables de error, sin que los partidos le zancadilleen o se zancadilleen entre ellos por esta cuestión, paralizando cualquier iniciativa útil.
En cuanto a España, el problema está lejos aún de la disyuntiva “o ellos o nosotros”, y una política inteligente podría hacer de la lucha contra el terror un factor de demolición de su causa principal: el nacionalismo aranista. Sin olvidar la necesaria solidaridad con las democracias —casi nunca recibida por España— frente a este problema global.
En España
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