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¿Deben ir a la cárcel los colaboradores del terrorismo?

O los delincuentes pagan sus desmanes o la sociedad sólo puede degradarse hasta extremos de muy difícil salida. En estas circunstancias, cada cual debe medir bien sus responsabilidades, por acción o por omisión.

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Tengo la idea de que hay leyes que tipifican como delito la colaboración con banda armada. A este respecto tenemos un Gobierno que, cuando la ETA estaba muy infiltrada y contra las cuerdas, ilegalizadas sus terminales políticas y duramente afectadas sus finanzas, procedió a legalizar dichas terminales, a las que afluyó gran cantidad de dinero público, y a reducir a mínimos la persecución policial. No contento con ello, el Gobierno procuró dar una imagen positiva de los terroristas, les dio proyección internacional, los presentó (y pagó) como víctimas del franquismo, trató de silenciar a las víctimas directas y de desacreditar cualquier oposición a semejante política, llegando al chivatazo directo a la banda. La colaboración se hizo en todo momento a costa del Estado de derecho, contra la ley y la Constitución y contra la unidad de España. La ETA ha disfrutado, desde el momento en que empezó a asesinar, de complicidades vastísimas, desde la oposición antifranquista, parte del clero vasco y, en general, español o del nacionalismo vasco presuntamente moderado (también del catalán) hasta gobiernos como el francés de Giscard d´Estaing, el argelino, el cubano y otros; también del IRA o del terrorismo palestino, y, últimamente, de Chávez. Pero jamás había contado con una complicidad tan enorme y efectiva como la del gobierno de Rodríguez

Aunque la ETA no se conformó con tan enormes ganancias y hoy los dos socios, Gobierno y terroristas, parecen enfrentados, la política de Rodríguez no ha sido rectificada en ningún momento, como asegura un PP cómplice de los cómplices Y aun si hubiera sido rectificada, los daños hechos a la democracia, a la Constitución y a la ley son enormes, probablemente irreparables en mucho tiempo y exigen reparación, no basta con una declaración de buenas intenciones.

Se plantea entonces una cuestión crucial al país: ¿debe hacer la sociedad como si nada hubiera pasado o, por el contrario, restablecer el imperio de la ley, acusar, juzgar y en su caso condenar a los evidentes delincuentes? Porque el problema no se puede plantear en otro terreno. Durante el anterior poder del PSOE, bajo Felipe González, varios altos cargos tuvieron que ir a la cárcel por su extrema corrupción y por terrorismo gubernamental. La experiencia demuestra que el PSOE no extrajo ninguna lección de los hechos (como no la extrajo en los años 30 de su derrota en la insurrección de 1934), sino que salió de la experiencia con ansias de revancha. Así hemos llegado a esta nueva situación, en la que los delitos de los políticos socialistas son mucho más graves y su demagogia más desenfrenada, planteando a la sociedad un dilema decisivo: o los delincuentes pagan sus desmanes o la sociedad sólo puede degradarse hasta extremos de muy difícil salida. En estas circunstancias, cada cual debe medir bien sus responsabilidades, por acción o por omisión.

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