Desde que llegó al poder el actual Gobierno, tras la matanza del 11-M, su política ha consistido en un ataque permanente, directo e indirecto, a la Constitución, en alianza con el separatismo y, sobre todo, con el terrorismo. Obviamente, esa política deslegitima al Gobierno, lo convierte en golpista, lo coloca al margen de la ley y empuja al país por rumbos muy peligrosos. Esta evidente deriva puede provocar al menos tres reacciones: imitación de la ETA, abandono de la Constitución y defensa de la misma.
En España existe una opinión antidemocrática también en la derecha. Una opinión poco articulada, y por tanto débil, pero extendida, que ve en los desmanes del Gobierno un argumento contra las libertades. Su actividad se limita hoy por hoy a un cacareo indignado pero, desde luego, puede terminar optando por emular a los etarras. Dada su falta de confianza en la democracia, este sería su camino más coherente, y sólo el miedo y la desorganización le impiden seguirlo, por ahora.
El Gobierno, desde el momento en que ha reconocido el asesinato como una forma privilegiada de hacer política, premiada contra y por encima de la ley, con ruina del Estado de Derecho, pierde todo valor moral y político –aunque no policiaco– para oponerse a que otros grupos intenten el contragolpe, practiquen el terrorismo y reivindiquen el diálogo, las concesiones y las recompensas otorgadas a la ETA o al fundamentalismo islámico. El caso resulta particularmente sangrante en relación con las víctimas más directas, que han renunciado a la venganza confiando en la aplicación de la ley por el poder público, y contemplan atónitas cómo éste se compincha con los asesinos de sus deudos. Algo asombroso e increíble, pero real; basta abrir los ojos para verlo. Realidad absolutamente degradante, la vivimos día a día pensando que mientras no haya una violencia en sentido contrario todo va bien.
Otra actitud sería el abandono pasivo de la Constitución. Esta parece la línea actual del PP. Este partido ya no invoca la Constitución, de un modo u otro da por consumados e irreversibles los actos ilegales del Gobierno, y hasta colabora calladamente con ellos mediante sus propios estatutos autonómicos o ejerciendo una oposición tibia y turbia a la alianza del PSOE con el terrorismo y los separatismos, como si nada grave pasara. De hecho, la Constitución ya no rige y el PP ha dejado de defenderla, y no sólo por miedo a que le acusen de crispar. Esa actitud nos lleva de cabeza al bananismo latinoamericano, a la degradación de la democracia en demagogia, a la vulneración impune y sistemática de la ley por unos políticos delincuentes, a una descomposición social ya hoy visible en tantos síntomas. Algunos creen que mientras la violencia no se extienda vale la pena tragar con todo, olvidando que desde la transición nunca habíamos vivido sometidos a tal grado de violencia ilegítima, la violencia del chantaje. Con el actual Gobierno convertido en colaborador, el asesino apenas necesita disparar, le basta enseñar la pistola para indicar a la sociedad española "lo que le conviene" si no quiere "algo peor". Envilecimiento radicalmente inadmisible para cualquier ciudadano con un mínimo de conciencia cívica.
Por lo tanto, si no queremos enfangarnos más por estos caminos hasta que no haya vuelta atrás, debemos plantearnos seriamente la defensa de la Constitución, incluyendo la aplicación de la ley a los políticos delincuentes, en lugar de resignarnos a que estos pongan fuera de la ley nuestra democracia.
