Son bien conocidos los vicios endogámicos de la Universidad española, y sus efectos fomentadores de la mediocridad. Pero por eso mismo resultan muy arduos de erradicar, pues crean solidaridad corporativa y de clan. No extrañará, por tanto, la oposición de numerosos claustros a la Ley de Universidades, que, con mayor o menor tino, trata al menos de cambiar la situación.
Últimamente, el rector Peces-Barba se ha puesto en cabeza de la protesta contra el cambio, al que ha declarado "antidemocrático y anticonstitucional". Nada menos. Antes había amenazado con dimitir, junto con su claustro, pero una vez ha descubierto ese carácter de la ley, cree ahora que lo procedente es desobedecerla. Uno sólo puede admirar la decisión del valeroso rector, capaz de afrontar la cárcel o quizá el exilio, las peores persecuciones de unas autoridades de la derecha cerril, opuesta a la democracia y la Constitución, por las cuales Peces-Barba arrostraría sin vacilar los mayores sacrificios.
Esto de desobedecer la ley siempre se le ha dado bien a nuestros jacobinos. El trámite justificativo es bien simple, como nos está mostrando el distinguido rector de la Carlos III. Claro que, con las mismas, también a los alumnos o a parte de ellos, o a un sector de los profesores o aspirantes, podría darles por declarar anticonstitucional y antidemocrático –con más razones que Peces-Barba– el sistema de clanes y camarillas hoy vigente, y dedicarse a boicotearlo (cuando hay voluntad de hacerlo, enseguida surgen los medios).
Como se recordará, en los años 60, grupos de estudiantes inspirados por el noble afán de imponer una cultura "popular", incluso "proletaria", o una "revolución cultural", hicieron (bueno, hicimos) algo de eso, logrando una profunda y ejemplar degradación de la Universidad, muchas de cuyas secuelas aún se padecen. Ello ocurría entre el miedo de muchos profesores y el apoyo de unos cuantos, uno de éstos fue el mismo Peces-Barba, que ahora parece resuelto a tirarse de nuevo al monte.
Antes, a los rectores no se les había ocurrido ninguna medida para paliar los muy denunciados defectos del actual orden universitario. Pero ante la ley propuesta por el Gobierno, su inventiva se ha despertado, y la Asamblea de la Conferencia de Rectores ha descubierto la necesidad de que el proyecto de ley "respete un principio tan universitario como es la reflexión, el diálogo y el debate". Muy bien. Pues que empiecen por aplicarse el cuento.
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