Si un grupo político, en una democracia, intenta imponer su programa a tiros, se transforma en una empresa de asesinos profesionales, y así debe ser considerado. Su represión es asunto policial; en la medida en que se le permita transformarse en cuestión política, en esa medida queda legitimado el crimen y entra en crisis el Estado de Derecho. La escasa tradición democrática española hace que muchos políticos no entiendan algo tan sencillo y, de hecho, colaboren peligrosamente con los asesinos. El caso de Margarita Robles –¡que dirigió la lucha antiterrorista!– resulta paradigmático. Si se permite que los atentados pongan en cuestión los principios del Estado de Derecho, habremos iniciado el camino a otra dictadura o la balcanización de España.
Dentro de esta distinción elemental, entra la mayor o menor eficacia de la policía en su cometido. A juzgar por la forma en que se van frustrando atentados espectaculares, en los últimos tiempos están dando mejor resultado las oraciones de Rouco que la técnica policial, casi nunca brillante. Pero, en todo caso, la técnica no debe condicionar la defensa de la democracia, como algunos pretenden al insistir en que, dada la persistencia de los asesinos, habrá que negociar –es decir, claudicar– con los asesinos. Nunca se ha oído decir que el Estado italiano o el norteamericano deban negociar con la mafia para cederle parcelas de poder –pues de eso se trata–, a pesar de que la mafia constituye en esos países un fenómeno mucho más persistente y mortífero que la ETA en el nuestro.
Ello no implica que el tratamiento del terrorismo sea exclusivamente policial. En realidad, un atentado no es un acto de guerra, sino de propaganda, que intenta multiplicar su impacto por medio de la sangre: es un diez por ciento de sangre y un noventa por ciento de propaganda. En este sentido, la represión policial constituye sólo un diez por ciento de la solución. El resto corresponde a la sociedad, que puede y debe neutralizar esa propaganda y volverla contra sus autores. Si tenemos en cuenta cómo hasta hace poco la ETA era vista con complacencia en amplios sectores políticos y populares, cómo sigue siéndolo entre los nacionalistas vascos, catalanes, gallegos, y en Izquierda Unida, nos percatamos de lo mucho que se ha avanzado en ese terreno, y también de lo mucho que queda por hacer.
Los complacientes con el terrorismo –del que esperan obtener ganancias políticas muy claras– repiten machaconamente que el fondo de la cuestión es político, y que requiere un tratamiento político. Y tienen razón: al lado de los pistoleros están esos grupos y personas que, sin ser violentos, invocan la política para justificar la violencia y socavar los derechos ciudadanos. He ahí el auténtico y serio problema político.
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