El Estado autonómico es algo inédito en la historia de España y no respondió en su momento a una demanda popular, sino que fue un clásico "invento" de algunos políticos con fines algo confusos, partiendo de una triple presión: la herencia de la II República en los estatutos vasco y catalán; la ETA, a la que se pensaba así quitar "argumentos"; y en la conveniencia que creyó verse en diluir las autonomías catalana y vasca extendiendo el sistema al resto del país. Además se construyó el nuevo Estado de forma ilegal, por iniciativa de Suárez, con unas "preautonomías" que se adelantaban a la Constitución y le imponían unos hechos consumados.
Todo ello no significa que las autonomías resulten inviables: podían ser una forma original y fructífera de ordenar el país –en algunos aspectos lo han sido–, si las competencias quedaban bien delimitadas. Y haría falta haber hecho un balance de los aspectos positivos y negativos de la experiencia, como he propuesto hace ya bastantes años, a fin de corregir los "malos usos". Pero es solo ahora, por exigencias de la crisis, cuando se plantea la viabilidad del sistema... y solo desde un punto de vista económico: han resultado un foco de dispendios que el país no puede permitirse.
El problema, sin embargo, tiene otras dos vertientes, la administrativa y la política. El Estado central se ha ido debilitando, ha faltado a su obligación de controlar el gasto autonómico, como ha recordado Recarte, y ha perdido fuerza moral y política, de modo que carece de autoridad para aplicar reformas administrativas imprescindibles.
Pero el aspecto más difícil y crucial es el político. También por iniciativa de Suárez quedó el sistema sin cerrar, de modo que el estado central podía ser despojado progresivamente de sus competencias en un movimiento disolvente ilimitado. Asimismo se introdujo en la Constitución el término "nacionalidades", interpretable como naciones. Siendo las naciones la sede de la soberanía en una democracia, España tendía a disolverse como tal nación, abriendo paso a la transformación de las autonomías en estados asociados, como ha terminado ocurriendo con los estatutos llamados de "segunda generación". Estatutos impuestos también por conveniencia de una casta política indecente y al margen de los deseos de los ciudadanos. Los nacionalismos regionales son, ante todo, antiespañoles, y crean unas tensiones centrífugas muy fuertes. Una "tercera generación", ya previsible y hacia la que avanzan muchos políticos, significaría la abierta disgregación y balcanización del país. Este es el reto más grave de nuestra generación. Y urge afrontarlo, porque sin ello el país será incapaz de encarar otros muchos retos, desde el planteado por la amenaza islámica o la decadencia cultural de España, hasta el de la absorción y eliminación de la soberanía española en un Estado europeo bajo la batuta del eje Berlín-París o algo semejante.