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Estado de farsa

El gobierno aparenta aplicar la ley a un plan de los terroristas, y a continuación finge no enterarse del plan alternativo. Ahí no hay estupidez, pues la misma rebasaría lo materialmente posible, sino complicidad.

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La desvergonzada burla a la ley por parte de la ETA en Baracaldo ha sido indudablemente realizada de acuerdo con el gobierno, como lo fue su intervención en las elecciones pasadas bajo el nombre de Partido Comunista de la Tierras Vascas. Los etarras, ha señalado Mayor Oreja, tienen siempre un plan alternativo, y el gobierno, por supuesto, lo conoce.

Esta conjunción del gobierno y de Batasuna contra la ley no tiene ningún misterio, y la entendemos bastante bien si miramos atrás. El TNV (Terrorismo Nacionalista Vasco) se benefició, desde la Transición, del cuento inventado por el PNV y los ideólogos del grupo PRISA, Cebrián a la cabeza, de que el problema no tenía solución policial, sino política, negociada. Ello significaba en la práctica renunciar a la ley y las exigencias del estado de derecho, legalizando en cierto modo el asesinato con pretensiones políticas. Como ello no podía hacerse con total publicidad, hemos asistido al espectáculo degradante de que los gobiernos engañaran permanentemente a los ciudadanos, afirmando que no negociaban con los asesinos, y éstos, en cambio, informaran de la verdad y pusieran en evidencia la golfería de aquellos. Esa política culminó cuando el PSOE mezcló la claudicación (llamándola negociación o diálogo, qué menos) con el terrorismo del GAL, socavando así al estado democrático por partida doble. Los etarras han sido tachados a menudo de descerebrados, pero en todo este tiempo han demostrado más inteligencia y, a su modo, más honradez que nuestros políticos. Unos cuantos pistoleros, jugando con la sangre y las complacencias o las “contradicciones” –como decían los marxistas– de sus contrarios, han mantenido en vilo durante más de dos décadas a la democracia, casi eliminándola de las Vascongadas.

Sólo empezó a cambiar el panorama con los gobiernos de Aznar que, por primera vez en tantos años, decidieron simplemente aplicar la ley y negar a los etarras cualquier esperanza de obtener concesiones políticas. Los resultados sólo pueden calificarse de excelentes. La mafiosa sandez de la “solución política” quedó en evidencia entre el griterío alarmado de sus promotores, en particular los recogenueces del PNV –pues veían avanzar también sobre ellos la fuerza de la ley–, y de sus amigos de PRISA. Por primera vez, el estado de derecho acosaba realmente a ETA, permitiendo esperar la solución del problema a plazo medio. Tal fue la herencia recibida por el actual gobierno. El cual, con mañas de trilero de la política, invirtió la línea de Aznar pensando que, como los terroristas estaban en pésima situación, podrían ser forzados a un “diálogo razonable”, mediante concesiones amplias, pero disimulables ante la gente con el cuento de la “paz”. ¡Quién sabe si no le darían a su presidente el premio Nobel por la proeza, aunque ella supusiera la ruina del estado de derecho! Esa línea de acción falló momentáneamente con el rechazo obligado al secesionista Plan Ibarreche, pero encuentran ahora su “plan B” en el Plan Ibarreche II del tripartito catalán, naturalmente extrapolable a las Vascongadas y a otras regiones. Sólo que, por una parte, están encontrando una protesta ciudadana mayor de la calculada, y por otra los pistoleros, envalentonados, aspiran a más.

El Pacto Antiterrorista se ha convertido abiertamente en Pacto Proterrorista, y la inversión de la política de Aznar, a costa de los principios democráticos, ha producido asimismo una inversión en la situación de la ETA, que de acosada ha pasado a acosadora, poniendo bombas donde y cuando quiere, llenando las Vascongadas con propaganda triunfalista y ciscándose ostentosamente en la ley. Las claudicaciones de Moncloa han llegado a tal punto que la marcha atrás le resultaría catastrófica, y los “descerebrados” criminales saben que tienen cogido al “inteligente”gobierno por donde más le duele, obligándole a ceder sucesivamente. La política se convierte así en una farsa siniestra, a espaldas de los ciudadanos. Parte de ella son estas burlas a la opinión pública. El gobierno aparenta aplicar la ley a un plan de los terroristas, y a continuación finge no enterarse del plan alternativo. Ahí no hay estupidez, pues la misma rebasaría lo materialmente posible, sino complicidad. La estupidez la esperan de los ciudadanos, sometidos a la anestesia de los medios de masas. De ahí también la gangsteril campaña en curso para silenciar a quienes advierten a la opinión.

Tal situación, inconcebible hace poco tiempo, debe relacionarse con el hecho, no menos inconcebible, de que hoy mande en España un individuo autoproclamado “rojo” que no se siente español, pues su patria es “la libertad”. La misma libertad de Otegui, Ibarreche, Carod o Maragall, de Mohamed VI, Fidel Castro, Chávez o Evo Morales. Nuestro país vive una abierta y acelerada involución democrática, y los ciudadanos deben comprender que solo su acción y su movilización pueden frenar esta desastrosa deriva. Así sea.

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