En la última etapa de Aznar, la ETA se hallaba acosada, fracasando una y otra vez en sus atentados, con su financiación semidestrozada y proscrito su aparato político. La hazaña se había logrado partiendo de un principio muy simple: la aplicación de la ley a los criminales: aunque parezca mentira, fue la primera vez que se hacía desde la Transición. Antes se perseguía a la banda bajo el supuesto de que no existía "solución policial", sino "política", y, por consiguiente, la vía policial –la legal en un estado de derecho– se supeditaba a la busca de acuerdos con los jefes terroristas. Ello significaba la quiebra de la ley y la legalización del asesinato como modo de hacer política. Era la vía preconizada desde el principio por el grupo Prisa y seguida vergonzantemente por todos los gobiernos, de derecha o de izquierda. Vergonzantemente, porque mentían a los ciudadanos negando sus tratos fraudulentos con la ETA, para ser desenmascarados de vez en cuando por los ufanos terroristas. La "vía política" consistió, en todos sus puntos, en una estafa a la democracia. Por el contrario, los gobiernos de Aznar demostraron que sólo la vía legal daba resultados y acercaba el fin de la pesadilla.
En tales circunstancias, la llegada del gobierno actual ha sido la mejor noticia que haya tenido la ETA en su historia: tras verse al borde del abismo, ha podido recomponer sus aparatos y sus finanzas, se ha rearmado, ha probado que podía golpear donde y cuando quería, y ha logrado una parte muy sustancial de sus proclamados objetivos: liquidar la Constitución y abrir un proceso constituyente, o más bien desconstituyente, hacia la desintegración de España y de la democracia, que destruya todo lo construido desde la Transición. No es probable que se conforme con lo ya obtenido, pero ya ha adelantado un enorme trecho.
Los terroristas y los separatistas jamás habrían logrado acercarse tanto a sus objetivos con sus solas fuerzas. Precisaban la colaboración de una fuerza nacional, y en los penúltimos tiempos de Aznar eso parecía imposible. El PSOE había optado por una política rara en él, renunciando a la mezcla de claudicación y terrorismo (GAL), para adherirse a la línea legalista de Aznar, en el Pacto Antiterrorista y por las Libertades. Ello cegaba las salidas a los pistoleros y a los demás separatistas, y establecía la base obvia de cualquier estado que aspire a sostenerse: una plataforma de principios inatacables (democracia y unidad nacional), sobre los que hacer política, e impidiendo hacer política contra ellos. Sin embargo, esa actitud socialista duró muy poco, y las mismas fuerzas que presionaban por la "solución política", provocaron un cambio radical de postura: determinaron como enemigo fundamental al PP, no a los asesinos y secesionistas, y buscaron la alianza o complicidad de estos últimos para atacar directamente la Constitución. Una inversión completa del anterior pacto. Todos juntos organizaron grandes campañas desestabilizadoras.
La maniobra, no sé si elaborada con detalle, se ha producido del siguiente modo. En primer lugar, el Plan Ibarreche-Ternera, plan separatista aunque conservase una ficción de unidad, útil para mantener a las Vascongadas en la Unión Europea. El plan fracasó aparentemente en el Parlamento, aunque sólo llevarlo a él ya pisoteaba la Constitución. Entonces entró el juego el plan B, de los separatistas catalanes, equivalente al anterior. La aprobación del estatuto secesionista catalán traería consigo, inevitablemente, la del plan Ibarreche-Ternera y un proceso de disgregación del país. Así, por una vía ligeramente indirecta, la alianza del PSOE con los secesionistas y los terroristas está destruyendo aceleradamente la Constitución.
No es casual que la ETA declare su tregua cuando unas Cortes envilecidas, a impulsos de un gobierno anticonstitucional, aprueban la disgregación de España en pseudonaciones. La tregua anterior se dio en una situación de debilidad de la banda, y como un modo de ganar tiempo para rehacerse. La actual es toda una declaración de triunfo: la ETA se siente muy próxima a ganar la partida. Durante dos años ha advertido al gobierno de Zapatero: "tienes que ir hasta el final, o atente a las consecuencias". Y Zapatero y los suyos van cumpliendo, como hicieron después del 14-M con los islámicos. La ETA se siente más cerca que nunca de sus objetivos. Sus largos años de crímenes parecen tener por fin recompensa, y ésta sólo podía dárselo un gobierno enemigo y conculcador de la Constitución, es decir, de las libertades y de la unidad de España; es decir, un gobierno ilegal, porque lo es todo aquel que no guarda y hace guardar la ley, aunque haya salido de unas elecciones.
Algunos ingenuos se preguntan cómo es posible esta colaboración. Muy simple: el "rojo" Zapatero y la ETA tienen la misma concepción de base: la idea de que las democracias –identificadas con "la derecha" o "el imperialismo"– crean un "océano de injusticia y de pobreza". Discrepan en los métodos para combatir la "injusticia", pero se trata de una diferencia menor. En lo fundamental, en atacar a los causantes, según su trastornado juicio, de ese "océano", están de acuerdo.
Y el pobre Rajoy diciendo que apoyará al gobierno para que no pague un precio político a los terroristas. Y luego llama bobo a Zapatero... El precio político está ya pagado en gran parte, señor lince, a costa de la ley; otra cosa es que la ETA quiera más todavía. Siga usted "mirando al futuro", a ver si nos aclara algún día qué es lo que ve.