Una de las cosas que más desmoralizan a la sociedad es contemplar cómo la justicia no es aplicada y cómo, valiéndose de juegos malabares con las leyes, inspirados por el miedo, la corrupción o intereses partidistas, determinados grupos o personas vulneran impunemente la ley e imponen en mayor o menor medida un poder mafioso. Esto es lo que ha venido pasando durante más de veinte años en Vascongadas, debido a la simbiosis entre el nacionalismo asesino de ETA-Batasuna y el nacionalismo encubridor del PNV, y a la creencia, basada en la pura ilusión o en el oportunismo, de que no sería posible la paz en Vasconia sin el apoyo del segundo, del “nacionalismo democrático” como se le llama tan enfática como engañosamente.
El problema está así mal planteado de raíz, porque no es la paz, sino la libertad y la democracia lo que están en juego en aquella región. La paz, aunque turbia e insatisfactoria, existe allí, pues el terrorismo no tiene fuerza suficiente para alterarla. Es la libertad de los ciudadanos lo que sí logran alterar los profesionales del crimen y quienes explotan políticamente la sangre. En la situación actual, una parte de España carece de democracia auténtica, porque el miedo y la coacción están densamente presentes en ella.
El estado y las fuerzas ciudadanas deben proceder con energía abordando el problema en sus justos términos, sin ilusiones de un rápido arreglo, pero sin ceder en los principios. Hay señales de que así comienza a ser, por primera vez en muchos años, con la ley de partidos y con actuaciones como las de Garzón. Esto es más imprescindible y urgente de lo que muchos creen, si no queremos que la paz misma llegue a verse seriamente perturbada. Hasta ahora la insoportable situación no ha degenerado en una violencia más general porque se ha exigido a las víctimas la pasividad, en nombre del derecho y del monopolio de la violencia por el estado. Pero el estado tiene el monopolio de la violencia sólo si efectivamente lo aplica. Si, en cambio, el abuso y la violencia de algún grupo o mafia perduran bajo la debilidad del estado, muchos ciudadanos pensarán, con toda razón, que los gobernantes no cumplen su deber, y que por encima de leyes inefectivas está su derecho a la vida y a la legítima defensa.
En otras palabras, la situación no puede proseguir indefinidamente, porque podrían empezar, como ha advertido algún exiliado por la ferocidad nacionalista, las represalias de las víctimas. Entonces sí comenzaría a peligrar no sólo la libertad, sino también la paz. Impedirlo está en manos del gobierno. Si éste centra sus esfuerzos en asegurar la libertad ciudadana, persiguiendo con energía a quienes la impiden, la paz también se salvará. De otro modo es muy de temer que la situación degenere gravemente. El PNV, si le quedan unos gramos de lucidez, debiera hacerse consciente de ello.
En España
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro