En 1976, tras más de un siglo de convulsiones a menudo sangrientas, y de gobiernos de excepción, la gran mayoría de los españoles acordamos una reforma política que estableció la convivencia en libertad, recogida en la Constitución de 1978. Pese a algunos defectos, inherentes a cualquier obra humana, el acuerdo constitucional ha permitido casi treinta años de paz, libertad y prosperidad, a pesar de que siempre han estado amenazadas, siempre perturbadas por el terrorismo y sus cómplices.
Hoy esos logros están en peligro y nadie debe cerrar los ojos al riesgo de volver a las epilepsias del pasado. Desde hace unos años fuerzas poderosas presionan sin descanso por lo que llaman Segunda Transición, y por cambios en la Constitución y los estatutos de autonomía. Sin duda la Constitución y los estatutos pueden reformarse, pero sería suicida hacerlo según el interés y el gusto de partidos cuyo objetivo declarado es la disgregación de España; partidos que han amparado y se han beneficiado del terrorismo; que han sembrado el fanatismo y el rencor, que han explotado la guerra civil como instrumento para resucitar los odios y arruinar la reconciliación; que allí donde han podido, como en Cataluña, han reducido las libertades y derechos ciudadanos, o, en el País Vasco, los han arruinado prácticamente. La anterior Transición nos llevó de una dictadura a la democracia. En estas condiciones la Segunda Transición sólo podría hacernos retroceder de la democracia a las viejas convulsiones.
El peligro, aunque creciente, parecía dominable hasta la matanza de Madrid del 11 de marzo de 2004: 191 muertos y más de mil mutilados y heridos. El terrorismo islámico, nadie debe olvidarlo, comparte con los separatismos el doble objetivo de desintegrar España y destruir su democracia. Y ha logrado con esa matanza, de un solo golpe, cambiar drásticamente la política de un país como España, novena potencia económica mundial y democracia supuestamente firme. Lo consiguió gracias a la debilidad de unos políticos, al oportunismo de otros, y a la confusión y el choque psicológico producidos en millones de españoles por la brutalidad sin precedentes del golpe. Desde aquella matanza el peligro se ha vuelto mucho más acuciante.
Nunca un atentado alcanzó sus objetivos de modo tan completo. Sus autores aspiraban a dejar a los iraquíes a merced del mismo tipo de asesinos de Madrid, y por lo que respecta a España lo lograron. Pero su éxito no paró ahí: desde ese momento se invirtió, dentro de España, la política de defensa del Estado de derecho y aplicación de la ley al Terrorismo Nacionalista Vasco, política que tan excelentes resultados venía produciendo. La ETA ha vuelto a ser legalizada, vulnerando la ley y los pactos democráticos. Se pretende que la claudicación ante los asesinos, bautizada como diálogo, traerá “la paz”, como si los terroristas tuvieran interés en ella y la causa de sus crímenes radicara en la anterior defensa de la libertad y el derecho por el Estado. Sobre tal inversión perversa de la realidad se pretende dividir y desacreditar a las víctimas directas y a cuantos propugnan el imperio de la ley, tachándolos de interesados en la violencia.
Asistimos hoy a una política de apoyo y supeditación a grupos abiertamente separatistas, que se jactan de su decisión de fragmentar España e imponer en sus regiones sistemas antidemocráticos y excluyentes. Asistimos a una política de amistad y concesiones a tiranías extranjeras, incluyendo la de Mohamed VI, que no oculta su apetencia sobre territorios españoles. Asistimos a campañas de falsificación de la historia y de apología del golpismo causante de la guerra civil. Todo ello realizado con los instrumentos del Estado y mediante hechos consumados y tratos oscuros, pervirtiendo el lenguaje para presentar lo inadmisible como deseable y anestesiar la conciencia de los ciudadanos españoles con ilusionismo verbal.
Esta política funesta está haciendo degenerar a la democracia en una demagogia rampante, está destruyendo el espíritu y la letra de la libre convivencia alcanzada en 1978 después de un siglo de frustraciones, y amenaza traernos un nuevo desastre. Al arrasar la reconciliación y la paz en la libertad, legadas por la Transición y basadas en el respeto a la ley, los responsables de tal política adquieren una inmensa responsabilidad histórica.
Las conmociones del pasado han generado un espíritu pesimista, según el cual “los españoles no tenemos remedio” y estamos predestinados a arruinar nuestras mejores oportunidades. Nada más falso. Pero se impone reaccionar a tiempo, antes de que la pendiente a la catástrofe se vuelva demasiado empinada para detenerse. Los ciudadanos que aman la democracia y la unidad de España, voten al partido que voten, deben hacerse conscientes del peligro. Debemos impedir absolutamente el deterioro de nuestras libertades y la desintegración de España en pequeños estados más o menos tiránicos, atrapados por la discordia, insignificantes en el plano internacional y objeto de las intrigas de otras potencias.
