José Castro, presidente de la Comunidad de Montes de Monteferro, cerca de Vigo, fue agredido el año pasado por un grupo de matones, entre ellos un conocido empresario local, que le golpearon en la cabeza y el resto del cuerpo, a patadas, puñetazos y palos. El motivo fue arrebatarle una cámara con la que les había fotografiado cometiendo algunos desmanes en el monte. El agredido se hizo el muerto y por muerto le dejaron, salvando así la vida, pero quedó con hematomas y lesiones varias por todo el cuerpo.
La brutal paliza culminaba una serie de ataques contra el monte y sus propietarios, que se remontan al menos a seis años atrás: vertido de escombros, sustracción de bienes diversos, destrozos en las plantaciones de árboles, conatos de incendio del bosque, injurias y amenazas etc. Quizás lo más grave es que después de la agresión mencionada, los matones no solo no han ido a la cárcel, sino que han intentado introducirse en la comunidad de montes para destruirla desde dentro, y prosiguen con su hostigamiento, como por ejemplo aserrar árboles cortados para madera de modo que quedaran inútiles a tal fin, etc. Cambiando de táctica, se dedican a organizar pequeñas manifestaciones gangsteriles frente a un pequeño hostal propiedad del agredido, con el claro fin de hundirle el negocio. Las manifestaciones, convocadas con una consigna tan surrealista como “por la libertad de Monteferro”, son ilegales, pero consentidas por el Ayuntamiento de Nigrán, que es parte muy interesada en el asunto. Curiosamente, el ahora ex abogado de la comunidad, como han descubierto los socios de ésta, ha mostrado en todo este tiempo una pasividad por lo menos sospechosa.
Últimamente, en un nuevo giro, el Ayuntamiento se ha ofrecido desvergonzadamente a “mediar” entre los matones y la comunidad de montes, ha ofrecido apoyo para la “protección de las aves marinas”, que no necesitan otra protección que ser dejadas en paz, o para construir viveros, con el objetivo, demasiado claro, de hacerse con unos derechos, o apariencia de ellos, sobre el monte. Una cadena de televisión regional también ha querido montar un “debate”, promovido por la sociedad de matones y sus leguleyos, para “informar” a la opinión pública. Todo esto recuerda, a una escala meramente mafiosa y sin pretensiones políticas, a los métodos de los nacionalistas en las Vascongadas. Para nadie es un secreto que las relaciones político-empresariales en Galicia tienen bastante en común con las de ciertos países “latinoamericanos”.
La razón de todo ello es muy simple: Monteferro es un monte de 85 hectáreas situado en medio de una costa bellísima, pero estropeada por una especulación brutal. Precisamente por eso, el lugar, de extraordinario valor paisajístico, botánico y arqueológico, debería ser preservado cuidadosamente –con su mera existencia añade valor a las urbanizaciones circundantes--, y así lo viene haciendo, casi heroicamente, la comunidad de montes, propietaria legal del terreno. Pero no piensan así los promotores ni los políticos locales, ansiosos de llenarse los bolsillos mediante nuevas urbanizaciones, y en su avidez no vacilan en emplear métodos mafiosos.
Una falsa crítica al liberalismo pretende que éste impone la ley de la jungla en beneficio del más poderoso económicamente. Nada de eso. La experiencia demuestra que la tendencia humana a explotar y abusar del prójimo y destruir bienes comunes es tan fuerte, que sólo un riguroso respeto a normas adecuadas puede impedirlo. Así, la catedral de Burgos no debe ser demolida para alzar bloques de apartamentos, el parque del Retiro o la plaza de España de Madrid no deben parcelarse para construir torres de oficinas, etc. Aunque se han hecho muchas barbaridades parecidas, ello es una razón más para oponerse a ellas, en este caso en relación con Monteferro. Y cuando los políticos y empresarios sin escrúpulos se compinchan para perpetrar tales atentados, los ciudadanos deben hacer uso de sus libertades para impedirlo.
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